El 30 de septiembre de 2022, el Tribunal Popular Internacional de Abán sobre las atrocidades de Irán entregó un resumen de sus conclusiones. Determinó que el gobierno de la República Islámica y sus fuerzas de seguridad (incluidos el Ministerio del Interior, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, los Consejos Provinciales de Seguridad, las fuerzas policiales (NAJA), el CGRI, los paramilitares Basij, el Ministerio de Inteligencia, otros agentes de paisano y el Ministerio de Justicia) diseñaron y aplicaron un plan para cometer crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual con el fin de sofocar las protestas y ocultar los crímenes cometidos.

El Grupo determinó que 13 personas planearon y ejecutaron el plan criminal para cometer crímenes de lesa humanidad, que su contribución fue significativa y/o esencial y que compartieron la intención criminal de cometer los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y, con la disidencia de un miembro del Grupo, persecución con el fin de sofocar las protestas y ocultar los crímenes cometidos:

Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán
Hassan Rouhani, presidente de la República Islámica de Irán en ese momento
Ali Shamkhani, Secretario del Consejo Nacional Supremo (SNSC), líder del Líder Supremo en el SNSC
Ebrahim Raisi, Jefe del Poder Judicial en su momento y actual presidente
Abdolreza Rahmani Fazli, Ministro del Interior
Hossein Ashtari, Comandante en Jefe de la Policía (NAJA)
Hossein Salami, Comandante en Jefe del CGRI
Gholamreza Soleimani, Jefe de la Organización Basij
Hassan Karami, Comandante de las Unidades Especiales de la Policía de Irán
Habibollah Jan Nesari, Subcomandante de las Unidades Especiales de la Policía de Irán
Leila Vaseghi, Gobernador de Shahr-e-Qods
Abdolkarim Geravand, Gobernador de Bushehr
Mohammad Mahmoudi-Abadi, Gobernador de Sirjan

Antecedentes

El 15 de noviembre de 2019, tras un aumento masivo y repentino de los precios de los combustibles, estallaron protestas a nivel nacional en todo Irán. Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades, la propiedad pública y privada sufrió daños. En su punto álgido, a partir del 16 de noviembre, el gobierno impuso un cierre casi total de Internet y llevó a cabo una brutal represión de los manifestantes. Las fuerzas policiales, de seguridad y militares dispararon y detuvieron a manifestantes, mientras las autoridades restringían el acceso a la información.

Desde las primeras horas de las protestas surgieron informes de asesinatos de manifestantes. Aunque el gobierno ha admitido la responsabilidad de 225 muertes, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos han informado de un número de muertos de entre 304 y 1.500.

La organización de derechos humanos Justice for Iran ha documentado incidentes de uso de fuerza letal ilegal en 39 ciudades de 15 provincias, que en el transcurso de menos de cinco días han causado cientos de muertos y miles de heridos.