El 28 de marzo pasado, la Asociación de Periodistas Dicle Firat (APDF), con sede en la ciudad de Diyarbakir (Kurdistán turco, sudeste del país), presentó el informe “Periodismo entre cuatro paredes”. La APDF, organización creada a principios de 2020, documentó las violaciones de los derechos de los y las trabajadoras de prensa en el país. Los resultados y conclusiones de la investigación confirmaron, una vez más, la represión sistemática que aplica el Estado turco contra los y las comunicadoras que son críticas al gobierno.

La presentación del informe estuvo a cargo de Serdar Altan y Dicle Müftüoğlu, co-presidentes de la APDF, y también participó Ensar Özdemir, director del documental “Periodismo en un túnel del terror”, que fue proyectado durante esa jornada.

El informe comenzó con una afirmación concreta: “En el siglo XXI, se esperaban algunos pasos positivos en Turquía en términos de libertad de pensamiento, expresión y de prensa, pero desafortunadamente esto no sucedió”. Desde que asumió el poder el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) en 2002, liderado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, “la libertad de pensamiento y expresión se deterioró paulatinamente”.

La investigación constató que, en los primeros 10 años de la administración Erdogan, “hubo un proceso leve en el tema kurdo y las libertades”, pero transcurrido ese tiempo, eso quedó en el olvido, particularmente luego del intento de golpe de Estado en 2016.

La APDF puntualizó que el gobierno, a través de los decretos-leyes (conocidos como KHK, en turco) “emitidos de la noche a la mañana sobre la base del estado de emergencia, se cerraron muchas instituciones, organizaciones, fundaciones, asociaciones y medios de oposición en el país”.

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“Decenas de miles de personas fueron detenidas y encarceladas. Miles de personas fueron torturadas bajo custodia policial o en prisiones. Se prohibieron mítines, manifestaciones y protestas democráticas, y se silenció la voz de la sociedad civil. El gobierno ha tratado de limitar el acceso de las personas a la información mediante el creciente control de internet y las redes sociales”, se remarcó en la investigación.

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Un ejemplo de la situación en Turquía es que, desde enero de 2022, al menos 65 trabajadores y trabajadoras de prensa fueron arrestados. Las cifras de 2021 que se presentaron en Diyarbakir demuestran el deterioro acelerado de los derechos básicos de los periodistas: el año pasado, dos periodistas fueron asesinados y 55 sufrieron violaciones a su seguridad; nueve casas de trabajadores de prensa fueron allanadas por las fuerzas de seguridad; 61 periodistas cayeron bajo arresto y otros seis condenados a prisión; 23 comunicadores y comunicadoras estuvieron sometidos a torturas y tratos inhumanos, mientras que otros 11 fueron obligados a convertirse en informantes del Estado. A esto, se suma que a 103 periodistas se les impidió informar sobre diversos hechos e incidentes, y 17 comunicadores en prisión denunciaron que fueron violados sus derechos.

Medios clausurados

En el informe de la APDF, se recordó que, después del estado de emergencia declarado por el gobierno turco el 20 de julio de 2016, “un total de 177 medios de comunicación fueron cerrados”, lo que implica que más de 2.500 empleados y empleadas quedaran sin trabajo.

El estado de excepción, que fue prorrogado siete veces, finalizó el 17 de julio de 2018, “pero no cesó su práctica”, se indicó en la investigación. “Nos encontramos ante un estado de excepción no declarado, especialmente en el ámbito de los medios de comunicación; hoy, este enfoque fascista continúa y los periodistas son considerados sujetos peligrosos, todo se considera permisible contra ellos, desde arrestos y detenciones hasta amenazas y ataques”, se agregó.

En contraposición a la clausura de empresas y órganos comunicacionales, el gobierno creó “una nueva red de medios” para reemplazarlos y son conocidos como “medios comunes”. La APDF destacó que estos medios se utilizan para “hacer propaganda para el gobierno”, “arma contra los grupos de oposición” y “una herramienta para difamar, desacreditar y atacar a la oposición”.

Al mismo tiempo, “a cientos de periodistas se les ha quitado la credencial de prensa, porque no trabajaban en medios de comunicación progubernamentales y se ha intentado que estos sean completamente disfuncionales. El número de carnés de prensa cancelados en los últimos seis años ronda los 4.000. Además, los periodistas que solicitan una tarjeta de prensa en la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia no pueden obtenerla por diversas razones”, se detalló en la investigación.

Otras cifras de la investigación sobre el panorama 2021 confirman la precariedad en que viven los y las periodistas en Turquía: a 54 comunicadores se les iniciaron procesos judiciales y, solo el año pasado, las penas totales contra periodistas suman 133 años, ocho meses y 21 días; 12 medios de comunicación fueron multados y el Estado ordenó 112 prohibiciones de publicaciones; además, 64 portales web fueron cerrados y 1.460 artículos periodísticos fueron vetados, a lo que hay que sumar 160 contenidos de redes sociales prohibidos.

La prensa kurda

Con 20 millones de habitantes, el pueblo kurdo en Turquía es la primera minoría étnica y desde hace varias décadas encabeza un movimiento político-social que es reprimido de forma permanente por el Estado. En los últimos años, los medios de comunicación kurdos y sus periodistas sufrieron todo tipo de censuras y persecuciones.

Según la APDF, “los periodistas kurdos que trabajan para llamar la atención pública sobre las violaciones de los derechos experimentadas durante el conflicto en curso en la región kurda de Turquía (es decir, el este y sureste del país) son detenidos, arrestados, amenazados, investigados, procesados ​​y castigados por sus actividades periodísticas”.

En el informe, se afirmó que “todas las estaciones de televisión, radios, agencias, periódicos, revistas, sitios web y medios de comunicación locales que transmitían en nuestra región fueron cerrados. Esta práctica está destinada a que los kurdos no puedan respirar”.

La APDF enfatizó entre los últimos puntos del informe que “los periodistas kurdos constituyen una parte significativa de los periodistas encarcelados. Muchos tuvieron que emigrar al extranjero debido a numerosas investigaciones y casos en su contra”.

*Por Redacción La tinta / Foto de portada: SCF.