Durante tres semanas, las principales cuestiones de derechos humanos se debatirán y se abordarán, con importantes implicaciones para la protección de la libertad de expresión en todo el mundo.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, David Kaye, subrayó en un informe de seguimiento sobre Turquía, que 10 de las 11 recomendaciones que formuló después de su visita al país en 2017 siguen sin aplicarse, con más de 140 periodistas actualmente tras las rejas, entre ellos Ahmet Altan y Nazlı Ilıcak, enfrentando cargos falsos de terrorismo.

Si bien se levantó el estado de emergencia, en línea con la recomendación del Relator Especial, más de 30 "decretos de emergencia" han seguido aplicándose: la consolidación de la ley de emergencia en el marco legislativo ordinario. Más allá del encarcelamiento de periodistas y los ataques contra la sociedad civil, se ha producido una purga masiva de jueces, abogados, académicos y funcionarios públicos en el país.

El compromiso limitado de Turquía con los procedimientos especiales de la ONU, en particular en relación con la investigación de Khashoggi, no debe ser recompensado con que los Estados hagan la vista gorda ante la severa y severa represión contra las voces disidentes y críticas en el país.

Cualquier país que se preocupe por la libertad de prensa debe condenar esta grave situación durante sus declaraciones del Artículo 2 y del Artículo 4 en el HRC41.