La Cámara de diputados aprobó el proyecto Nain-Retamal y está a un paso de ser ley con la sola firma del presidente Boric. La iniciativa refuerza y protege la función represiva de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil . La norma precisa que se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, cuando las fuerzas de seguridad esten realizando funciones de orden público y seguridad pública interior.

Durante la votación, la alianza de gobierno se fracturó en dos bloques la constituyen, Apruebo Dignidad (AD) y Socialismo Democrático (SD). La mayoría de los congresistas del Partido Comunista y el Frente Amplio, que forman la coalición original del presidente, rechazaron el proyecto de ley. Mientras, los partidos de la izquierda moderada, las fuerzas que alguna vez conformaron la Concertación (1990-2010), votaron a favor, como quería el Ejecutivo.

Previo a la votación, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile dijo, “Avanzar en el refuerzo de las policías y la prevención del delito en el país, es necesario; pero un problema tan complejo requiere ser abordado con seriedad, responsabilidad y en base a estándares internacionales de derechos humanos. La tramitación exprés del llamado ‘proyecto Nain Retamal’, lejos de atender los problemas estructurales que aquejan a Carabineros y que afloraron de manera dramática en la crisis de 2019, es una respuesta oportunista, que implicaría un enorme retroceso en materia de derechos humanos”.

También desde la ONU se alertó, el jefe de la institución para América del Sur, Jan Jarab, aseguró que las disposiciones sobre legítima defensa privilegiada policial del proyecto “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos” y lamento que se tratará de manera acelerada.

El Colectivo Disonancia expreso en su portal: "En el ámbito de teoría del derecho, como hemos comentado en otras ocasiones, esto es aplicar el ´Derecho Penal del Enemigo´, de Günther Jakobs. Es decir, retirar los derechos a aquellos sujetos que se consideran enemigos del orden jurídico y tratarlos por fuera del Estado de Derecho (La policía tendrá ahora más atribuciones para agredir que el resto de las personas). Sin embargo －y aquí la novedad－, sin necesidad de establecer un orden de excepcionalidad jurídica como sería un Estado policial o un Estado de excepción. Es decir, se trata de un Estado de Derecho permanente, pero suspendido para determinados individuos, ahora a criterio de la policía.

Esto muestra que no es necesario un fascismo como el del siglo XX, sino que el totalitarismo actual lo que ha logrado es degradar el contenido -por lo demás, escaso y deficiente- que los liberales crearon para los órdenes jurídicos, con el fin de instalar, en su reemplazo, un totalitarismo selectivo y flexible.

La derecha más liberal no debería sacar cuentas alegres porque esto, evidentemente, no soluciona la existencia de los delitos graves (la propia policía chilena tiene un documentado antecedente de desfalco, venta de armas y vínculo con el narcotráfico) y además, porque esta clase de política en algún momento se sentirá inquieta con todo tipo de libertad, incluyendo el tan etéreo libre mercado. A la socialdemocracia, incluido el gobierno, le ha tocado el papel que se podía anticipar, administrar con rostro humano el neoliberalismo y el populismo penal; papel que representan, al parecer, con bastante comodidad por el bien superior del ´orden institucional´ que, como sabemos, es esencialmente la violencia institucional de las clases dominantes.(…)".

Fuente: Agencia de Noticias RedAcción (Anred)