El procedimiento de apelación en el Tribunal Regional de Hamburgo contra la co-presidenta del grupo parlamentario DIE LINKE en el Parlamento del Estado de Hamburgo, Cansu Özdemir, debido a la bandera del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) publicada en Twitter se ha cerrado con un pago de 2.250 euros. El juicio previsto para el martes quedó así cancelado, anunció el lunes el Tribunal Superior Regional.

En noviembre de 2017, Cansu Özdemir compartió una foto en su cuenta,  de la agencia de noticias DPA, con una bandera del PKK como parte de una campaña de Twitter contra la prohibición del PKK. La imagen fue publicada con el lema "Lejos de la prohibición del PKK" y el añadido "Prohibido en Alemania". En abril de 2019, la fiscalía presentó cargos de conformidad con la Ley de Asociaciones (intercambio de símbolos prohibidos). La líder del partido parlamentario del Die Linke había apelado previamente contra la orden de sanción.

A finales de octubre, Özdemir fue condenada por violar la ley de asociaciones. Sin embargo, el juez suspendió una multa de 4.500 euros (30 tarifas diarias de 150 euros cada una) durante dos años en libertad condicional como parte de una llamada de advertencia con reserva de sentencia. Al mismo tiempo, impuso a Özdemir la condición de que donara 1000 euros a una organización benéfica.

La jueza evidentemente estaba en grave conflicto cuando leyó el veredicto el 28 de octubre de 2019. Declaró que era una "decisión difícil" para ella, ya que no era ella, sino la legislatura, quien debía decidir sobre la prohibición del PKK. Mostrar símbolos prohibidos estaba permitido en ciertos contextos, por ejemplo, en artículos científicos, libros escolares, etc. para la "educación cívica", pero no en la "lucha política diaria", que ella creía que era el problema.

En declaraciones a ANF, la política kurda dijo que continuaría expresando sus críticas contra los actos ilícitos del gobierno alemán.

Özdemir señaló que había tratado de explicar en aspectos políticos y legales por qué la bandera del PKK no podía considerarse un delito durante su juicio: “Bajo ninguna circunstancia debería ser un crimen exigir el levantamiento de la prohibición del PKK. Esta demanda es un derecho completamente legítimo y legal que utilicé al compartir esa publicación. Como miembro del parlamento, continuaré expresando la demanda de que se ponga fin a la prohibición del PKK y los crímenes del estado turco”.