El sábado 4 de agosto por la tarde, dos drones cargados con explosivos fueron detonados cerca del escenario presidencial donde se encontraban las más altas autoridades de las cuatro ramas del Estado.

El ataque se produjo durante los eventos de conmemoración del 81 aniversario de la formación de la Guardia Nacional Bolivariana, en la céntrica avenida Simón Bolívar de la capital de Caracas, a la que asistieron todas las Fuerzas Armadas y numerosos civiles.

Aunque en el objetivo principal del ataque, el presidente Nicolás Maduro y las autoridades presentes resultaron ilesas, 7 miembros de las Fuerzas Armadas resultaron heridos.

Apenas dos horas después del ataque, el presidente Maduro en un discurso televisado, compareció ante el país denunciando el atentado contra su vida y confirmando que varios de los autores materiales ya habían sido arrestados (el domingo se supo que seis personas involucradas habían sido detenidas, y que ya se había abierto una investigación exhaustiva para determinar los autores materiales e intelectuales del ataque).

En su discurso Maduro acusó como organizadores y promotores del atentado a los líderes de la ultraderecha venezolana, resguardados en Miami (y protegidos por legisladores de origen cubanoamericano muy cercanos al presidente de los Estados Unidos), pero también citó específicamente a la oligarquía colombiana, y muy concretamente, al todavía en presidente en funciones del país vecino Juan Manuel Santos.

Una acusación abierta de enorme gravedad y con posibles consecuencias en sus ya tensas y malas relaciones bilaterales, dado que intentar matar a un presidente es un crimen considerado internacionalmente de lesa humanidad.

Como información colateral al ataque fallido, se deben resaltar otros elementos de interés. Apenas unas horas antes del atentado contra la vida de Maduro, dos campesinos que participaban en la marcha nacional a Caracas para demandar una Reforma Agraria, fueron asesinados por unos desconocidos.

La Fiscalía venezolana ha dicho que los autores materiales ya han sido arrestados y que han identificado a los autores intelectuales: varios terratenientes vinculados al mencionado derecho interno extremo.

En las semanas previas al ataque contra Maduro, los portavoces de la extrema derecha, bienvenidos en Miami, y el presidente colombiano Santos, curiosamente “coincidieron” al declarar que estábamos enfrentando “los últimos días de Maduro”.

Añádase a esto el hecho de que, una semana y media antes del ataque, hablando con los delegados en el Congreso de su partido en el Gobierno (el PSUV), el presidente Maduro anunció un conjunto de medidas radicales, especialmente económicas, que suponen un nuevo giro hacia el izquierda.

Estos cambios entrarían en vigor el 20 de agosto y están destinados principalmente a enfrentar la grave crisis económica de suministros y la circulación monetaria que está viviendo el país sudamericano.

El plan, propuesto por el presidente Maduro en el congreso del partido, incluiría un control estricto del consumo de combustibles livianos con precios internos de comercialización que se encuentran entre los más baratos del mundo, lo que ha fomentado un contrabando intenso y lucrativo a las redes de la mafia colombiana del que la oligarquía de ese país se beneficia directamente.

Maduro también aludió al acaparamiento de dinero en efectivo por parte de las mafias colombiano-venezolanas para provocar especulaciones monetarias. Y finalmente, anunció una revisión exhaustiva, sin impunidad, de la gestión y administración de 70 grandes empresas estatales que, según sus propias palabras, son manejadas por grupos de burócratas como si fueran propiedades privadas a expensas de los intereses de la gente.

Medidas correctivas económicas y administrativas que algunas “élites” deben haber interpretado como una amenaza inminente.

En los próximos días y semanas veremos las consecuencias reales del intento fallido contra la vida de Maduro en los tribunales, pero también, y sobre todo, en la política interna y las relaciones externas, así como en cómo se reflejará en la “mafias” financieras y económicas.