En el contexto del ascenso de la extrema derecha, alimentado por una serie de ataques mortales con cuchillos en los últimos meses, los legisladores alemanes decidieron adaptar su política de inmigración a estas circunstancias y aprobaron el proyecto de ley del Gobierno.

En el mismo se incluye la retirada de la ayuda a los solicitantes de asilo que ya hayan entrado anteriormente en otro país de la Unión Europea (UE), una deportación más fácil de los refugiados que utilicen armas y poderes adicionales para la policía.

Según el texto aprobado el viernes, los refugiados que regresan temporalmente a su país de origen "por regla general" ya no estarán protegidos en Alemania, incluidos aquellos que cometan delitos antisemitas u homófobos.

Sin embargo, bajo presión del ala izquierda de su propio partido, la ministra del Interior, Nancy Faeser, del Partido Socialdemócrata (SPD), se vio obligada a suavizar una de las medidas clave.

La retirada total de las prestaciones a los solicitantes de asilo que hayan entrado en otro país de la UE antes de llegar a Alemania solo será posible si es "legal y efectivamente posible" devolverlos al tercer país. En el caso de los niños, esto no será posible.

La coalición del canciller Olaf Scholz había presentado su propuesta en agosto después de que tres personas fueran apuñaladas en la ciudad occidental de Solingen por un sirio sospechoso de tener vínculos con el ISIS.

En junio, otro ataque con cuchillo durante una manifestación antiislámica en Mannheim (suroeste), atribuido a un afgano, mató a un agente de policía que intervino.

Estos acontecimientos impulsaron el ascenso del partido de extrema derecha antiinmigrante AfD, que ganó una elección regional por primera vez en septiembre y logró puntajes históricos en otras dos regiones.

El proyecto de ley debe ser aprobado por la cámara alta del Parlamento este viernes para entrar en vigor.