El llamado de Abdullah Öcalan del 27 de febrero por la paz y una sociedad democrática no ha sido seguido por ningún paso visible por parte del gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). En cambio, el gobierno ha presionado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) para que celebre un congreso y declare el fin de la lucha armada. También ha mantenido el aislamiento de Öcalan, contradiciendo el espíritu de paz y resolución.

El gobierno tiene la capacidad de dialogar tanto con sus propios representantes como con los de la parte contraria. Consulta con expertos sobre los temas que elige y prepara sus informes en consecuencia. Sin embargo, sigue tratando al representante del otro lado como si fuera un rehén. Este enfoque sugiere una falta de voluntad real de alcanzar la paz y la resolución. Si se pretende poner fin a la guerra y cesar las hostilidades, ¿qué sentido tiene mantener este aislamiento y trato de rehén? Kurdos y turcos han convivido durante mil años. Quienes abogan por reforzar esta hermandad y celebrar un encuentro histórico basado en su pasado compartido no deberían recurrir a maniobras políticas ni a juegos tácticos. Es difícil entender por qué surge esta necesidad. En este contexto, la postura del gobierno no inspira confianza entre el pueblo kurdo.

Öcalan dejó claro que la lucha armada llegaría a su fin y que el PKK se disolvería. Esto representa un paso significativo y demuestra una disposición a asumir una gran responsabilidad. No hay un tercer actor involucrado, ni garantías externas. Öcalan avanza, mientras las autoridades estatales se muestran reacias y actúan con lentitud, recurriendo aún a tácticas de guerra psicológica en ciertos aspectos.

A Abdullah Öcalan se le debe permitir un mayor margen para relacionarse con sus compañeros y diversos sectores de la sociedad. Es necesario preparar a la opinión pública para la paz y alentar a los actores políticos a sumarse al proceso. El gobierno tiene la responsabilidad de facilitar este entorno y crear las condiciones políticas y legales necesarias. Sin embargo, estos pasos no se han dado. Por el contrario, se han tomado medidas que envenenan el clima político y debilitan a la oposición. El Partido Republicano del Pueblo (CHP) ha sido marginado, se designó un administrador judicial en Estambul, se intervinieron municipios y se arrestaron figuras como Ekrem Imamoğlu. Sin embargo, el CHP había declarado anteriormente su apoyo a la resolución de la cuestión kurda. Esta era una oportunidad significativa para el gobierno. Se están gestando condiciones para forjar un consenso nacional en torno a la solución. No solo el CHP, sino también otros partidos políticos han hecho declaraciones positivas. Además, actores influyentes de Estados Unidos, Europa y China han expresado su apoyo y han emitido comentarios alentadores respecto a la solución.

Hay respaldo para el proceso tanto a nivel nacional como internacional, y aun así el gobierno sigue demorando. Mezclar las rivalidades políticas internas con el proceso parece innecesario. La candidatura de Erdoğan a la reelección parece eclipsar los esfuerzos para resolver este histórico conflicto. Estas preocupaciones generan interrogantes legítimos e intensifican las dudas sobre la postura del gobierno. El CHP, junto con otros partidos e instituciones, representa una ventaja sustancial que debería aprovecharse eficazmente. En su lugar, Erdoğan adopta una actitud beligerante hacia el CHP.

La cuestión kurda es tan antigua como la propia República. Desde los años ochenta, ha estado marcada por el conflicto, con un alto costo en vidas humanas y consecuencias materiales e inmateriales. Tras este conflicto, el Estado ha enviado a su ejército a Siria e Irak, otorgando involuntariamente a la cuestión una dimensión regional e internacional. Un gobierno verdaderamente dispuesto a resolver un problema tan vasto y complejo no se centraría en marginar a la oposición. Por el contrario, haría de la oposición una parte activa de la solución y un pilar de apoyo. Al marginar y reprimir a la oposición, se estrecha el espacio democrático. ¿Cómo pueden florecer la paz y la democracia en un entorno donde se sofocan las condiciones democráticas y se envenena el ambiente político?

La participación de Abdullah Öcalan en el proceso, limitada a lo que el gobierno permite, no conducirá a la paz ni a la resolución. Siempre se ha dicho que, como mínimo, Öcalan debe contar con condiciones que le permitan trabajar con libertad. Un tema tan pesado e histórico no puede resolverse enviando una delegación a la prisión de Imrali de vez en cuando. Si Öcalan va a desempeñar su papel, deben proporcionarse las condiciones necesarias. Para un gobierno que dice buscar la paz y la solución, mantener el aislamiento de Öcalan carece de sentido.

Meses después, Erdoğan se reunió con la delegación que visitó la prisión de Imrali. La delegación declaró que la reunión con Öcalan fue productiva. Expresaron que sus esperanzas se habían fortalecido. Este resultado positivo es bienvenido. Sin embargo, la reticencia de Erdoğan a abordar el problema más urgente del país resulta inusual, dado su discurso constante sobre otras cuestiones. Debería priorizar este asunto y brindar oportunidades para que intelectuales, grupos opositores y la sociedad en general contribuyan. Este esfuerzo es esencial para que el proceso avance con fluidez y gane impulso.

Öcalan está decidido a alcanzar una solución y se ha comprometido a hacer su parte. La comunidad kurda está lista y comprometida con la solución. El PKK también ha declarado su disposición a cumplir con los requerimientos del llamado. El problema está en el gobierno. ¿Está verdaderamente preparado y existe una hoja de ruta? Es crucial que las partes implicadas sigan de cerca el proceso y adopten una postura clara.