El HDK (Halkların Demokratik Kongresi) publicó un comunicado escrito sobre la nueva Ley de Ejecución de Sentencias que aprobó el presidente turco Erdogan. Esta ley permite la liberación de algunos prisioneros por la emergencia del Covid-19 pero deja atrás a los presos políticos. Diversas organizaciones por los derechos humanos denuncian la desigual aplicación de esta nueva normativa, que pone en peligro la vida de miles de personas cuyo único delito ha sido oponerse a las políticas del Estado turco.

El comunicado del HDK decía lo siguiente:

"En Turquía, la preparación de la enmienda relativa a las medidas que deben tomarse en las cárceles se llevó a cabo de una manera no transparente a pesar de todas las reivindicaciones, llamamientos y advertencias y, como el resultado de esto, el proceso ha terminado con una enmienda discriminatoria. 

[...] el bloque gubernamental de partidos AKP-MHP violaron el principio de igualdad ante la ley y excluyeron de la enmienda a los presos políticos. Como resultado de enmienda pertinente, se liberaron los presos condenados por delitos como "asesinato deliberado, delitos contra la abuso sexual, tráfico de inmigrantes, malversación de fondos, soborno, fraude, odio y discriminación  o secuestro de niños. No se presentó ninguna justificación sobre qué beneficio legal y social se establece dentro de alcance de la enmienda. A la sociedad le preocupa la liberación de los conocidos líderes de mafia y que el gobierno los utilice para formar fuerzas paramilitares contra opositores, como ya ha hecho anteriormente".

El comunicado también subrayaba la falta de medidas preventivas en las cárceles turcas y el peligro que supone para los internos:

"En las prisiones de Turquía, la implementación de la distancia social necesaria para prevenir la propagación del brote de Coronavirus es difícil, casi imposible. La Organización Mundial de Salud considera que las personas mayores de 60 años y las personas de todas las edades que padecen de enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades cardíacas y pulmonares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer y que tienen un sistema inmunitario débil son personas que se encuentran en el grupo de mayor riesgo. Sin embargo, el hecho de que hayan cientos de presos enfermos en las cárceles y que los presos políticos sean excluidos y que no queden en libertad, es contrario al artículo 10 de la Constitución sobre la 'igualdad ante la ley'. 

En las cárceles, la administración no proporciona materiales de limpieza que tienen una importancia vital en la lucha contra las epidemias y estos materiales se ofrecen a precios muy por encima de los precios del mercado. No hay acceso a mascarillas y otros equipos de protección, dificultan el tratamiento de los prisioneros enfermos y se desestiman las solicitudes de liberación. En este proceso, se han restringido las visitas de los abogados y de familias, se afirmó que a fin de compensar esto los derechos a conversación telefónica se incrementarán, pero este derecho se ejerce dependiendo del disfrute de las administraciones penitenciarias y, por lo tanto, causa una violación del principio de igualdad. La falta de control de esta práctica y la incapacidad de los prisioneros para tener una comunicación sana con sus familiares y abogados, preocupa a los familiares de los presos. En este sentido, es necesario que todos los presos a quienes se les prohíbe o se les restringe la visita de sus familiares y abogados debido al brote de Coronavirus puedan utilizar el derecho a hablar por teléfono durante 20 minutos de manera ininterrumpida y también es necesario que este tiempo sea aumentado para facilitar una comunicación sana entre los presos y sus abogados y familiares".

En este sentido, el comunicado exigía que "todos los prisioneros sean valorados según el tipo de delito y que se implementen medidas de control judicial como la liberación o el arresto domiciliario" y subrayaba la "necesidad de liberar a los presos políticos"

Por último, la declaración subrayaba que "para miles de presos es un asunto vital que las instituciones internacionales de derechos humanos ofrezcan planes solidarios y planes de acción para el entorno inseguro y precario creado en las cárceles como resultado de dicha enmienda discriminatoria y contraria al principio de igualdad".