Refiriéndose a sus declaraciones anteriores, los co-relatores de monitoreo de PACE para Turquía Thomas Hammarberg (Suecia, SOC) y John Howell (Reino Unido, CE/DA), así como Boriss Cilevičs (Letonia, SOC), relator sobre"¿Deberían los políticos ser procesados ​​por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos?”, recibieron con beneplácito la adopción en Turquía -el 14 de abril- de la Ley de Ejecución Penal, que permitió la liberación anticipada o condicional de 90 000 prisioneros para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19 en cárceles superpobladas, pero lamentamos su enfoque discriminatorio con respecto a ciertos grupos de prisioneros.

Algunos fragmentos de la declaración del PACE:

“La adopción de medidas urgente y necesario para salvaguardar la salud de los presos, las personas detenidas y el personal penitenciario es bienvenida. Sin embargo, lamentamos profundamente que el parlamento turco no haya tratado de la misma manera a políticos, periodistas, académicos y otros activistas de la sociedad civil detenidos, acusados ​​de 'terrorismo' en juicios injustos, y no les haya permitido disfrutar de medidas preventivas sanitarias en igualdad de condiciones".

“Seguimos en total solidaridad con el pueblo y las autoridades turcas en su lucha contra la pandemia. Sería importante para las autoridades turcas adoptar un enfoque humanitario y no producir deliberadamente, daños adicionales a los detenidos por motivos políticos, especialmente aquellos que enfrentan serios problemas de salud. Por lo tanto, les instamos a garantizar que estos prisioneros también sean liberados".

"Recordamos a las autoridades que Turquía, como Estado miembro del Consejo de Europa, debe tener en cuenta las recomendaciones emitidas por el CPT, comité contra la tortura del Consejo de Europa, sobre la lucha contra COVID-19 en los lugares de detención, así como las sentencias anteriores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las detenciones por motivos políticos de, entre otros, el destacado político Demirtas y el filántropo Kavala, incluida la necesidad de liberarlos. Su destino es compartido por muchos otros ciudadanos turcos que permanecen detenidos o encarcelados por las opiniones que han expresado. En el contexto de la lucha contra la pandemia de COVID-19, esta situación es aún más insoportable".

“Por lo tanto, esperamos que las autoridades turcas tomen las medidas legales necesarias para corregir esta injusticia. Hemos sido informados de que la oposición se ha apoderado del Tribunal Constitucional, así que esperaríamos tomar una decisión rápida guiada por los valores y normas del Consejo de Europa. También esperamos que el parlamento turco, que actualmente celebra su centenario, haga pleno uso de sus poderes de supervisión y controle los efectos de la ley".

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