El segundo caso presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos se centró en las “masacres, bombardeos y torturas de civiles desplazados en Tel Rifat”. El caso fue presentado por la abogada Rengin Ergül.

Ergül informó: "El 2 de diciembre de 2019, entre las 13:30 y las 14:00 horas, un proyectil impactó en el barrio de garajes Al-Shahba en Tel Rifat, provincia de Alepo. El impacto causó numerosas víctimas civiles: 10 personas murieron, entre ellas ocho niños menores de 15 años, y otras 17 resultaron heridas, entre ellas nueve niños menores de 15 años. Aproximadamente dos o tres horas después, se lanzó un segundo proyectil en la misma zona, lo que sugiere un ataque deliberado contra una zona poblada por civiles y desprovista de instalaciones militares. 

Se sabía que el lugar atacado albergaba a personas desplazadas de Afrín, que había estado bajo ocupación turca desde la ´Operación Rama de Olivo´ en 2018 y estaba situado muy cerca de una instalación de la Media Luna Roja. Entre las víctimas, el hijo de seis años de M., Aarif Muhammad Jafar, sucumbió a heridas de metralla, mientras que su hijo de siete años, Ahmad Jafar Mohamad, sufrió graves heridas por fragmentación en la cadera y el antebrazo. El ataque también causó un profundo trauma psicológico tanto a Ahmad como a su madre. Una declaración de las Naciones Unidas confirmó que todos los muertos eran civiles que habían huido de Afrín a la zona. La declaración condenó además las víctimas civiles en otras zonas de conflicto, pidió a todas las partes que cesaran los ataques indiscriminados e instó a los Estados que apoyan el conflicto a cumplir con el derecho internacional humanitario".

Tras presentar pruebas fotográficas y de vídeo de los ataques deliberados contra civiles, la abogada afirmó que "las pruebas disponibles respaldan firmemente que el ataque a Tel Rifat constituyó un ataque selectivo contra civiles, en violación del derecho internacional humanitario. La participación militar de Turquía y el control operativo sobre las fuerzas del SNA establecen la responsabilidad del Estado. Dadas las graves violaciones de los derechos humanos documentadas, se deben buscar mecanismos legales para la rendición de cuentas a nivel internacional".