Desde el 11 de septiembre de 2020, la vida de Osman Şiban se convirtió en un trayecto donde el horror, la violencia y la muerte se encadenaron en su contra. El responsable de que los días de este campesino kurdo de la provincia de Van (Bashur, Kurdistán turco) estuvieran cargados de injusticia no fue otro que el Estado turco. Ahora, este hombre de poco más de 50 años sufrió un nuevo golpe: la justicia de Turquía lo condenó a siete años y seis meses de prisión, pese a que, en ese fatídico 2020, un grupo de soldados lo subieron a un helicóptero y, luego, lo lanzaron al vacío. Şiban sobrevivió, pero Servet Turgut -de 55 años, padre de siete hijos y que también fue blanco de los uniformados- no corrió la misma suerte: falleció tras 20 días en estado de coma.

La semana pasada, el Segundo Tribunal Penal Superior de Mersin realizó su tercera audiencia en el caso relacionado a Şiban. El proceso judicial no tuvo como fin investigar y condenar a los soldados, sino “comprobar” que el campesino kurdo pertenece a una “organización terrorista”, imputación sustentada solamente por su supuesta filiación al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Aunque el acusado no participó de la audiencia, sus abogados se hicieron presentes para escuchar estupefactos cómo se lo condenaba a siete años y seis meses de prisión, además de prohibirle la salida del país. Anteriormente, los letrados del campesino habían denunciado que no existían pruebas concretas contra su cliente. En la segunda audiencia del juicio, el fiscal a cargo de la causa presentó como pruebas a dos “testigos” por videoconferencia, a los cuales Osman no reconoció. Uno de los ellos, nombrado por las siglas YS, argumentó que el campesino kurdo era integrante del PKK. Eso solo bastó para que el proceso judicial ya estuviera definido.

Hasta ahora, ninguno de los militares implicados en el vuelo de la muerte fue acusado, aunque las familias de las víctimas presentaron denuncias penales en contra de los soldados. Según la agencia de noticias kurda ANF, la acusación contra Şiban “se considera un acto de venganza por parte del Poder Judicial y el ejército (turcos). El kurdo es, a la vez, testigo y víctima de uno de los ataques más graves del ejército turco contra la población civil kurda en los últimos años”. Los abogados del campesino anunciaron que apelarán la sentencia.

Por supuesto, la condena contra Şiban fue pronunciada mucho antes. En noviembre de 2020, el ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, se refirió en el Parlamento a lo sucedido con ambos campesinos y desligó a los uniformados de cualquier responsabilidad, al mismo tiempo que dejó en claro que los dos kurdos eran “milicianos” del PKK.

Turgut y Şiban fueron detenidos por el ejército en el distrito de Çatak, en Van, y, luego, torturados y subidos a un helicóptero desde el cual los lanzaron. El 23 de septiembre de 2020, Cengiz Şiban, hermano de Osman, afirmó a la agencia de noticias Mesopotamya que estuvo presente cuando los dos hombres fueron arrestados y que, cuando los cargaron al helicóptero, se encontraban en buen estado de salud y no tenían heridas.

La violencia a la que fueron sometidos los dos campesinos no era nueva para ellos. La aldea donde fueron secuestrados, golpeados y subidos al helicóptero había sido evacuada a la fuerza por el Estado turco en 1989, una metodología común en el país para arrasar con las historias de las minorías étnicas; una metodología similar a la aplicada por el Estado israelí contra el pueblo palestino. Recién en 2016, los y las pobladoras pudieron retornar a cultivar sus tierras y construir refugios donde antes estaban sus casas, que fueron demolidas por el Estado.

En noviembre de 2020, Ahmet Şık -diputado del Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP, por sus siglas originales)- presentó un informe sobre el hecho en el Parlamento, en el que aseguró que los militares “mintieron” al decir que los campesinos se “arrojaron” desde el helicóptero. En la investigación, se confirmó que ambos pobladores fueron llevados a un regimiento militar, empujados desde las alturas y, luego, golpeados y torturados por una centena de soldados.

En el informe –realizado durante octubre de 2020-, se relató que, cuando el diputado Şık y una delegación que lo acompañaba llegaron a la región, solicitaron reunirse con el gobernador de la Van, el comandante del Regimiento de Gendarmería Provincial, el fiscal general de la provincia Van y el fiscal a cargo del caso, pero la petición fue rechazada.

En la investigación encabezada por Şık, se recogió el testimonio del propio Şiban, que recordó que, cuando los subieron al helicóptero, había dos cuerpos sin vida en bolsas mortuorias. Los soldados abrieron una y les mostraron la cabeza de la persona muerta, mientras los acusaban de conocer a ese guerrillero del PKK. En el trayecto, afirmó el campesino que los golpearon varias veces. Cuando la aeronave llegó al regimiento militar, primero, los uniformados tiraron los dos cuerpos sin vida y, luego, empujaron a los campesinos, que cayeron sobre un piso de hormigón. La golpiza no tardó en llegar como tampoco los gritos acusándolos de terroristas.

En Turquía, arrojar a personas de aeronaves militares se registró con frecuencia durante la década de 1990 del siglo pasado, en una de las tantas olas represivas desatadas por el Estado contra el pueblo kurdo. Según el medio Turkish Minute, “al igual que ocurre hoy, el trato entonces infame apenas recibió cobertura mediática”. La organización internacional Human Rights Watch (HRW) informó, en 1995, que mujeres calificadas por el gobierno turco como “terroristas” fueron lanzadas desde un helicóptero el 14 de mayo de 1994.

Fuente: Leandro Albani para La tinta / Foto de portada: A/D.