En Turquía y Kurdistán del Norte, la protesta de la sociedad civil contra la amenaza de prohibición del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) es conmovedora: 68 representaciones de la Cámara de Ingenieros y Arquitectos (TMMOB), 49 secciones de la federación sindical KESK, 19 asociaciones, 17 oficinas del IHD, 14 colegios de abogados, 9 cámaras médicas, 6 cámaras de comercio e industria y 3 representaciones de administradores públicos, han firmado un comunicado exigiendo el sobreseimiento de la demanda del Fiscal General de la Nación de prohibir el HDP.

"Estábamos en contra de la prohibición del AKP en ese momento"

La declaración expresó que "Turquía tiene malos recuerdos de los cierres de partidos. Se han cerrado 24 partidos políticos desde el establecimiento del Tribunal Constitucional. La última vez que hubo una solicitud para cerrar el AKP en el Tribunal Constitucional fue en 2008. Nos opusimos a la prohibición sobre el AKP en ese momento debido a nuestra creencia en la democracia, la ley y el pluralismo, y compartimos esta opinión con el público".

"La declaración de 2008 no ha perdido su vigencia"

Las asociaciones vuelven a compartir su declaración del 19 de marzo de 2008, en la que se oponen a la prohibición del AKP y destacan que no ha perdido su vigencia. La misma expresaría en aquél entonces: "Recordando que la forma más efectiva de democratizar Turquía es a través de las reformas que hay que implementar. En el camino hacia la adhesión a la Unión Europea, el proceso de reforma estancado y atrasado debe revisarse con determinación. Las leyes sobre partidos políticos y las leyes electorales deben incluirse sin demora en el programa del parlamento, democratizarse y regularse para evitar la cierre arbitrario, político y descontrolado de partidos políticos. Con la cooperación de quienes quieren una democracia real en Turquía, el trabajo sobre una nueva constitución civil debería acelerarse lo antes posible y enriquecerse con contenido que responda a la solución de los problemas fundamentales de Turquía".

"Las prohibiciones de los partidos debilitan la democracia y las instituciones políticas"

En su declaración actual, las asociaciones expresan además que "Sin duda, la elección es la expresión más importante de la democracia. Desde 2016, muchas provincias y distritos de nuestra región han sido gobernados por personas designados por el gobierno central como fideicomisarios para reemplazar a los alcaldes electos. La práctica de nombrar fideicomisarios, que se ha convertido en una realidad común, ha debilitado la fe en la democracia. Como ha demostrado nuestra experiencia pasada, las prohibiciones de partidos no significan más que un debilitamiento de las instituciones políticas. Nuestro país se alejará más de los valores democráticos y el objetivo de pertenecer a la UE. En cambio, se reforzarán los medios fuera de la política.

"Se agravará la escalada de problemas económicos"

Nosotros, como ONGs y organizaciones profesionales que hemos firmado esta declaración, estamos convencidos de que prohibir un partido y levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados no beneficiará a nuestro país. Por lo tanto, los problemas económicos que se intensifican como resultado de la pandemia, se agravarán aún más y habrá más violaciones de la libertad de expresión y el estado de derecho. Por lo tanto, creemos que es de interés de nuestro país y de todos nuestros ciudadanos priorizar las reformas económicas, sociales y de derechos humanos y dejar de sacar de la ecuación a la institución de la política.

"El Tribunal Constitucional debe aplicar los criterios del TEDH"

Con respecto a las acciones legales emprendidas para prohibir el HDP, el Tribunal Constitucional debe aplicar los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con muchos procedimientos previos de prohibición de partidos y rechazar la solicitud del Fiscal General. Esperamos que se tengan en cuenta estas opiniones y demandas, con las que queremos asegurar el futuro de Turquía. Nos complace compartir nuestras opiniones y propuestas sobre reformas económicas y sociales, especialmente en el ámbito judicial".