Según la agencia de noticias ANHA, mercenarios del autodenominado Ejército Nacional Sirio (ENS) irrumpieron en varios domicilios de la población de Îska en el distrito de Jindires, en Afrin. Las tropas, dirigidas por el servicio secreto turco del MIT, abrieron fuego contra la población e hirieron a 13 personas. Previamente, ese mismo día, llevaron a cabo otra incursión en las poblaciones de Kefersefra y Goranê, donde secuestraron a 18 civiles. Estos secuestros tienen lugar a diario y son usados como moneda de cambio.

Las actuaciones del ejército turco y sus aliados mercenarios constituyen crímenes de guerra. Una comisión de las Naciones Unidas también ha subrayado la responsabilidad penal internacional de las acciones de las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados. El responsable directo de los actos criminales en los territorios ocupados es, no obstante, el gobierno turco, ya que no se trata de excesos individuales de las milicias sobre los que se haya perdido el control, sino más bien de una política de exterminio y expulsión selectiva, deseada por Turquía.

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