El ejército turco invasor lanzó el miércoles una nueva ola de ataques en el distrito de Ayn Issa.

Según informes desde el terreno, los ataques están dirigidos contra barrios al oeste de Ain Issa, el pueblo de Mişêrfê y los silos de cereales al norte del distrito. El bombardeo en curso causó heridas a un local de 26 años llamado Beşar Ehmed.

Ain Issa está situada al sur de la zona de ocupación turca en el norte de Siria y tiene una importancia estratégica como vínculo entre las regiones autónomas del Éufrates con Kobanê en su centro y Jazira. Desde 2019, la ciudad ha estado en el punto de mira de Turquía y sus fuerzas islamistas como parte de una guerra de desgaste, con fases de alta intensidad que se alternan con fases de baja intensidad. Decenas de pueblos de la región ya han sido destruidos y despoblados por la violencia militar turca. Una ofensiva aérea turca en noviembre pasado redujo gran parte de la infraestructura a escombros y cenizas.

Una de las zonas ocupadas por Turquía en el norte de Siria es la región de Girê Spî. La antigua región multicultural y autónoma fue ocupada por Turquía en octubre de 2019 y desde entonces ha estado controlada por el servicio de inteligencia turco y mercenarios yihadistas. Según el Consejo Girê Spî Cantol, más de 100.000 personas tuvieron que huir de la región tras la invasión turca. Las personas leales al régimen turco son reasentadas en su lugar mientras el Estado turco lleva a cabo una intensa política de asentamientos, expulsando sistemáticamente a la población kurda de las zonas ocupadas.

A principios de este mes, Turquía lanzó la llamada "ofensiva aire-tierra" contra el territorio autónomo del noreste de Siria, justificando la agresión con un ataque del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Ankara el 1 de octubre, cuando dos guerrilleros del PKK llevaron llevó a cabo una acción de sacrificio frente al Ministerio del Interior turco en el barrio gubernamental altamente seguro.

El terror aéreo turco, que Ankara justifica con el derecho a la autodefensa, apuntó específicamente a la infraestructura vital de la población civil del norte y el este de Siria. Desde entonces, más de dos millones de personas han quedado privadas de servicios básicos y la infraestructura energética de Hesekê, Qamişlo y Amûdê ha quedado casi completamente destruida.

Los ataques contra la población civil o la infraestructura civil constituyen crímenes de guerra. La comunidad internacional ignora esta abierta violación del derecho internacional y deja que Ankara se salga con la suya en su guerra contra los kurdos sin consecuencias. No sólo en Siria, sino también en Irak, Turquía recibe luz verde permanente para cometer crímenes de guerra.