Según fuentes locales, las fuerzas estatales turcas secuestraron a cinco civiles de la aldea de Birimja en el distrito de Mabata de Afrin el 9 de agosto.

Los civiles secuestrados fueron identificados como Ehmed Bekir, Necimdîn Betal, Mihemd Nûri Seydo, İsam Mihemed Musa y Mustefa Seydo.

El destino de los civiles secuestrados por las fuerzas de ocupación en Afrin sigue siendo desconocido. Los invasores exigen un rescate de entre 150 y 200 mil liras sirias para liberarlos.

El 24 de julio, el civil kurdo de 72 años Ramazan Elo fue secuestrado en la aldea de Qestelê Xedreya del distrito de Bilbile.

Los ocupantes secuestraron a 7 civiles más, incluidos 2 menores, en el distrito de Sherawa a el 6 de julio y a 11 civiles en el distrito de Mabata el 9 de junio.

Desde el comienzo de la ocupación de Afrin, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra han estado en la agenda en lo que alguna vez fue la región más segura de toda Siria. Además de una política colonialista clásica, Turquía continúa practicando una política de limpieza étnica, que ha expulsado a cientos de miles de personas de sus asentamientos ancestrales. El cambio demográfico a favor de Turquía y sus fuerzas de invasión islamista, delitos como el secuestro, la tortura, la extorsión y el asesinato están ocurriendo con la aprobación de facto de la comunidad internacional de estados.

Las mujeres de Afrin, en particular, sufren más aún la invasión. Solo entre marzo de 2018 y noviembre de 2019, la Asociación de Derechos Humanos de Afrin documentó 1200 casos de violencia por parte de las fuerzas ocupantes. Del informe se desprende que 40 mujeres fueron asesinadas, 60 mujeres se convirtieron en blanco de violencia sexual, 100 mujeres fueron torturadas físicamente y casi 1000 mujeres fueron secuestradas. El número de casos no denunciados probablemente sea mucho mayor. Al menos cinco mujeres se quitaron la vida en el mismo período como resultado de la violencia de las fuerzas de ocupación.