El Consejo de Seguridad de la ONU decidió el 9 de julio mantener cerrado el paso fronterizo de Til Koçer (Yarubiyah) entre el noreste de Siria e Irak, y mantener cerrado por un año más, el paso fronterizo de Bab al-Hawa (Cilvegöz), controlado por el estado turco y sus mercenarios.

La Administración Autónoma ha pedido en repetidas ocasiones la apertura del paso fronterizo de Til Koçer para la ayuda humanitaria. Sin embargo, la comunidad internacional no ha respondido a las llamadas. Después de que se cerró la frontera de Semalka entre Rojava y Kurdistán del Sur, el cierre de Til Koçer, el único cruce fronterizo abierto, comenzó a afectar negativamente a la gente de la región.

Tras esta decisión, ha comenzado una campaña de desprestigio contra la Administración Autónoma, así como amenazas por parte del estado turco contra las áreas liberadas del ISIS.

Rustem Bekir habló con ANHA sobre el tema y señaló que la decisión de mantener abierto el paso fronterizo de Bab al-Hawa prolongaría la guerra en Siria.  

"A pesar del hecho de que las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) lucharon contra ISIS junto con las fuerzas de la Coalición Internacional, la comunidad internacional privó a las áreas bajo el control de las SDF de ayuda humanitaria", dijo Bekir.

“El objetivo de la Administración Autónoma es proteger la integridad territorial de Siria y crear un sistema democrático que incluya a todos los pueblos. Se está librando así una guerra contra la Administración Autónoma en el ámbito político y económico ”, señaló el co-presidente.

Rustem Bekir señaló que mantener cerrado el paso fronterizo de Til Koçer afectaría a 5 millones de personas en las regiones del norte y este de Siria, definiendo el acto como una decisión inhumana.

Bekir pidió a las Naciones Unidas (ONU) que reconsideren su decisión para que se pueda proporcionar ayuda humanitaria en toda Siria.

La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria criticó la decisión expresando: “La decisión se produjo bajo la presión conjunta de Rusia y Turquía en el Consejo de Seguridad de la ONU y significa un castigo para los cinco millones de personas que viven en la región autónoma. El Consejo de Seguridad de la ONU ha tomado una decisión política y no está cumpliendo con su responsabilidad”.

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