Un total de 229 abogados iraníes enviaron una carta conjunta al poder judicial iraní para oponerse a las sentencias de muerte dictadas contra Warisha Muradi, Pakshan Azizi y Sharifa Muhammadi.

La carta enfatiza la necesidad de suspender las ejecuciones y reexaminar los casos.

En el texto se señala: "Las sentencias de muerte impuestas a estas tres mujeres no solo violan los principios islámicos, humanitarios y de derechos humanos, sino también las normas legales internacionales sobre el derecho a la vida en Irán. Estas sentencias perjudicarán la unidad nacional y avivarán sentimientos de discriminación."

El abogado de la prisionera política Pakshan Azizi, Amir Reisiyan, confirmó el 8 de enero de 2025 que el Tribunal Supremo de Irán había ratificado la sentencia de muerte contra su clienta. También señaló que el tribunal rechazó los documentos presentados por la defensa.

Además, la sentencia de muerte contra Warisha Muradi, emitida en audiencias judiciales el 16 de junio y el 4 de octubre de 2024, fue comunicada oficialmente a sus abogados.

El Comité de Defensa de Sharifa Muhammadi informó que la prisionera política fue condenada nuevamente a muerte el 13 de febrero. Durante el proceso de revisión judicial, se reveló que la sentencia de muerte contra Muhammadi fue ratificada por Mohammad Ali Derwêş Goftar, presidente de la Segunda Sala del Tribunal Revolucionario de Rasht, en Irán.

Muhammadi, una activista de derechos de las mujeres de 45 años originaria de la ciudad de Urmia, fue juzgada en 2023 bajo cargos de "propaganda contra el Estado" y condenada a muerte por el Tribunal Revolucionario del régimen iraní el 4 de julio de 2024. Sin embargo, el fallo fue revocado el 12 de diciembre de 2024. Con la última resolución, la pena de muerte ha sido nuevamente confirmada.

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