En el distrito de Kulp, en la provincia de Amed (Diyarbakır), se están llevando adelante protestas contra un proyecto energético a gran escala: un parque solar de 25 hectáreas que se construirá en tierras de pastoreo comunales. Residentes de pueblos vecinos y activistas ambientales acusan a la empresa de impulsar el proyecto ilegalmente manipulando una evaluación de impacto ambiental (EIA). Exigen la revocación inmediata del permiso.

Reclamo por el uso de tierras comunales

El proyecto está asentado en una zona de pastoreo utilizada conjuntamente por las aldeas de Cixsê (Ağaçlı), Xurûc (Kaynak) y Tiyaxs (Narlıca). La empresa VBZ İnşaat planea construir allí una instalación con unos 30.900 módulos fotovoltaicos y un sistema de almacenamiento de iones de litio de 17 MWh.

Ésto a generado críticas debido a que, según declaraciones oficiales, la zona está destinada a ser "barbecho". Sin embargo, según los residentes y el Colegio de Abogados de Diyarbakır, se utiliza activamente como pastizales, una distinción crucial, ya que las tierras destinadas a la agricultura gozan de protección legal especial.

El Colegio de Abogados presenta una denuncia

Según la Comisión de Desarrollo Ambiental y Urbano del Colegio de Abogados, la documentación del ÇED no mostraba la zona real. En su lugar, se insertaron fotos de otra zona sin uso para obtener una evaluación ambiental positiva. La abogada Berfin Kılınç, miembro de la comisión, declaró que se habían presentado cargos penales por este hecho. Simultáneamente, se presentó una demanda ante la Sala 4 del Tribunal Administrativo de Diyarbakır para revocar la aprobación del proyecto.

Kılıç afirmó: "Estas zonas de pastoreo son el sustento de la población local. Un proyecto de esta magnitud supondrá una grave amenaza para la ganadería tradicional. La distancia a las viviendas es de tan solo 48 metros, lo cual también supone un grave problema legal".

Personas afectadas alertan sobre desplazamientos y destrucción ambiental

La resistencia también se está gestando a nivel local. Durante una protesta ayer, los residentes de las aldeas afectadas enfatizaron que temen por su sustento económico y sus raíces culturales.

La ingeniera agrónoma Şermin Şeker, de Cixsê, dijo: "Esta tierra no es solo una tierra, es nuestra historia, nuestra identidad. Con la construcción de la planta solar, no solo estamos perdiendo nuestros pastos, sino también el sustento de nuestros animales, y por ende, el nuestro".

Algunos residentes creen que la planta crearía islas de calor, alteraría el microclima y perjudicaría la habitabilidad de la región a largo plazo. Las críticas a la creciente industrialización de las zonas rurales no son un caso aislado, sino parte de un problema mayor: la conversión de tierras rurales en intereses económicos sin consultar adecuadamente a la población afectada.

“No nos rendiremos”

Hatun Demirhan, de 70 años, expresó su preocupación conmocionada: "No somos gente de ciudad. Esta tierra es nuestro hogar, nuestro sustento, el aire que respiramos. Las empresas vienen aquí sin escucharnos y quieren expulsarnos. Pero no cederemos».

Nuriye Şeker, de 75 años, también expresó su determinación: "Si el proyecto sigue adelante, todo aquí morirá: personas, animales, naturaleza. Lucharé hasta el último aliento".

Disputa legal en curso: el proyecto no se detiene por el momento

A pesar de la demanda en curso y las críticas públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Cambio Climático ha emitido una evaluación de impacto ambiental positiva para el proyecto. El tribunal administrativo aún está pendiente de decisión. Hasta entonces, las esperanzas de la población se depositan en el poder judicial y en el creciente interés público en el caso.

¿Qué es un “ÇED”?

El procedimiento conocido como "Çevresel Etki Değerlendirmesi" (ÇED) corresponde a una evaluación de impacto ambiental. Solo si la decisión es positiva se pueden implementar proyectos a gran escala, como plantas industriales, minería o parques solares. Sin embargo, si el informe contiene información incorrecta o declaraciones falsas, puede haber consecuencias penales y administrativas.