Las cárceles de Turquía siguen siendo escenario clave de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Las prácticas arbitrarias y los regímenes de ejecución penal ilegales que afectan a los presos persisten como problemas estructurales profundamente arraigados. Actualmente, 103.179 personas permanecen encarceladas debido al aplazamiento arbitrario de sus liberaciones. Aunque la ley establece la excarcelación tras cumplir tres cuartas partes de la condena, este derecho es negado por las Juntas Administrativas y de Observación creadas bajo la ley de ejecución penal de 2020.

Pruebas de "lealtad" y excusas absurdas para bloquear liberaciones
Los presos políticos son sometidos a interrogatorios humillantes: "¿Ha obedecido al Estado? ¿Reconoce su bandera? ¿Se arrepiente?". Incluso pretextos triviales como "no ahorrar agua" o "no pedir suficientes libros" se usan para denegar su libertad.

Zeki Binbir, portavoz de la Comisión de Prisiones de la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), denunció en entrevista con ANF:
"Las cárceles son epicentros de violaciones de derechos. Desde la filial de Amed (Diyarbakır), documentamos estos abusos para visibilizarlos y exigir su fin".

Juntas ilegales: un "segundo tribunal" sin bases jurídicas
Binbir señaló que las liberaciones se postergan especialmente en presos con más de 30 años de condena:
"Las Juntas imponen una política de 'arrepentimiento' con justificaciones falsas. Es un castigo adicional ilegal. No existe un mecanismo así en ningún otro país".

Las Juntas actúan como tribunales paralelos sin autoridad legal. En la Prisión de Alta Seguridad de Erzincan, múltiples casos muestran cómo se exige a los reclusos "arrepentirse" para obtener la libertad.

Resistencia contra las violaciones
La ÖHD impulsa demandas para anular las decisiones de estas Juntas. Binbir afirmó:
"Es una estrategia política del Estado para reprimir a la población kurda. Los aplazamientos solo se aplican a presos políticos".

El Estado debe actuar
Tras el llamado del 27 de febrero de Abdullah Öcalan, Binbir urgió:
"Este proceso exige medidas concretas: liberar a Öcalan en la isla de Imralı, excarcelar a presos con 30 años de encierro y a enfermos graves. Lo que ocurre en las cárceles es ilegal".