Según la información recibida por los expertos, en agosto fueron ejecutadas al menos 93 personas, el doble de las 45 ejecuciones notificadas en julio. El número de ejecuciones notificadas este año ha superado las 400 personas, entre ellas 15 mujeres.

“Estamos profundamente preocupados por este marcado aumento de las ejecuciones. Según la información recibida, de las 81 ejecuciones ocurridas en agosto, la República Islámica de Irán solo ha informado oficialmente de una fracción, lo que pone de relieve la urgente necesidad de transparencia”, afirmaron.

Casi la mitad (41) de las ejecuciones se llevaron a cabo por delitos relacionados con las drogas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Irán es parte, limita la aplicación de la pena de muerte a los "delitos más graves", entendidos como el homicidio intencional.

“Las ejecuciones por delitos relacionados con drogas violan los estándares internacionales”, dijeron los expertos de la ONU.

“Los países que mantienen la pena de muerte deben garantizar que las personas no sean sometidas a torturas ni a malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante todo el proceso de justicia penal”, dijeron los expertos. “Su derecho a un juicio justo y a la igualdad ante la ley y los tribunales debe respetarse en todos los procedimientos penales”.

Reza (Gholamreza) Rasaei, un manifestante kurdo de la religión yarsani, fue ejecutado el 6 de agosto en la prisión de Dizel Abad. Sobre la base de una confesión obtenida, al parecer mediante tortura, Rasaei fue condenado a muerte por asesinar a un miembro del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica durante una ceremonia en honor de un líder y músico yarsani, sosteniendo carteles con la leyenda “Mujer, vida, libertad”. El Tribunal Supremo confirmó su sentencia de muerte a pesar de que los coacusados ​​se retractaron de sus testimonios sobre la participación de Rasaei en el asesinato y a pesar de que un médico forense proporcionó testimonio cuestionando la participación de Rasaei en el asesinato.

“Los informes sobre graves violaciones del derecho a un juicio justo y al debido proceso significan que la pena de muerte tal como se practica actualmente en la República Islámica del Irán equivale a una ejecución ilegal”, dijeron.

Los expertos indicaron que tenían conocimiento de las siguientes personas, entre probablemente varias otras, condenadas a muerte sin fundamento por delitos de seguridad, sobre quienes se han enviado comunicaciones a la República Islámica de Irán durante 2023-2024, incluidas dos mujeres - Sharifeh Mohammadi y Pakhshan Azizi, y cuatro hombres - Mahmoud Mehrabi, Abbas Deris, Ahmadreza Jalali y Jamshid Sharmahd.

“Las ejecuciones injustas son irreversibles. La aplicación actual de la pena de muerte en la República Islámica de Irán nos deja sumamente preocupados por la posibilidad de que se haya ejecutado a personas inocentes”, denunciaron los expertos.

“Renovamos nuestro llamamiento a las autoridades iraníes para que detengan las ejecuciones de todas las personas condenadas a muerte”, expresaron finalmente.