Los expertos en derechos humanos de la ONU, Nils Melzer (Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), Fionnuala Ní Aoláin (Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo) y Agnes Callamard (Relatora Especial sobre las medidas extrajudiciales, ejecuciones sumarias o arbitrarias), expresaron su alarma por los informes de que 50 presos condenados por delitos relacionados con el terrorismo en el Irak se enfrentan a su ejecución este lunes, e instaron al gobierno iraquí a detener de inmediato todas las ejecuciones en masa alegando serias preocupaciones acerca de la celebración de los juicios y la obtención de confesiones bajo tortura.

Según se informa, desde octubre de 2020 las autoridades iraquíes han iniciado una ola de ejecuciones masivas de presos condenados a muerte en la prisión central de Nasiriyah (también conocida como la prisión de al-Hoot). Veintiún presos fueron ejecutados en el mes de octubre, seguidos de otros 21 sólo el 16 de noviembre, en lo que parece formar parte de un plan más amplio para ejecutar a todos los prisioneros en el corredor de la muerte.

“Instamos al Gobierno iraquí a que respete sus obligaciones jurídicas internacionales y a que detenga de inmediato los nuevos planes de ejecución contra presos”, dijeron los expertos.

Se informa de que 4.000 presos, la mayoría de ellos acusados por delitos de terrorismo, permanecen en el corredor de la muerte en Irak. Los expertos de la ONU han denunciado que hay cientos de muertes inminentes tras haberse firmado sus órdenes de ejecución.

“Los juicios en virtud de la Ley Antiterrorista se han caracterizado por alarmantes irregularidades”, dijeron los expertos de la ONU, añadiendo: “A los acusados se les ha negado con frecuencia el derecho más básico a una defensa adecuada y sus alegaciones de tortura y malos tratos durante los interrogatorios no han sido investigadas”.

La Ley antiterrorista iraquí n.º 13 de 2005 plantea graves problemas en materia de derechos humanos, entre ellos la definición vaga y demasiado amplia de terrorismo. En virtud de la ley, una persona puede ser juzgada por cargos de terrorismo y puede ser condenada a muerte por un delito no violento cometido sin intención de aterrorizar a la población.

Además, al imponer la pena, no se hace ninguna distinción entre los distintos niveles de participación, implicación y responsabilidad en los actos de terrorismo, ni tampoco ninguna evaluación basada en la gravedad del acto.

“Toda sentencia de muerte ejecutada tras un juicio injusto o sobre la base de una ley ambigua, equivale a una privación arbitraria de la vida”, dijeron los expertos, que añadieron: “Cuando se llevan a cabo de forma generalizada y sistemática, las ejecuciones arbitrarias pueden constituir crímenes de lesa humanidad y pueden entrañar la responsabilidad penal universal de cualquier funcionario que participe en tales actos”.