Ebru Timtik murió el 27 de agosto de 2020 después de tres años en prisión y una huelga de hambre de 238 días. Junto con otros abogados de la Oficina Jurídica Popular, fue detenida en septiembre de 2017 y condenada a 13 años y seis meses de prisión bajo la acusación de pertenecer a una organización terrorista. El 2 de enero de 2020, inició una huelga de hambre para reclamar su derecho a un juicio justo.

Poco después de la detención de los abogados, expertos en derechos humanos de la ONU solicitaron formalmente al gobierno turco que explicara las bases legales de su detención y las acusaciones contra ellos.

“Le pedimos al gobierno turco en 2017 que explicara cómo era compatible su arresto y encarcelamiento con las obligaciones estatales bajo las leyes internacionales de los derechos humanos”, han declarado los expertos, subrayando las alegaciones de una detención ilegal, un juicio injusto y las restricciones de libertad de expresión y asociación. “Si bien reconocemos y apreciamos el compromiso de las autoridades con nosotros en esta cuestión, lamentamos que se haya hecho tan poco para evitar este trágico desenlace”.

Los expertos han solicitado una investigación efectiva sobre la muerte de la abogada. “Pedimos a las autoridades que establezcan un proceso de rendición de cuentas para la víctima y que respeten los principios de un juicio justo reabriendo los casos de los abogados por los derechos humanos detenidos. El gobierno de Turquía también debe adoptar medidas inmediatas para poner en libertad a las personas detenidas y condenadas en contravención del derecho internacional”.

Los expertos en derechos humanos de la ONU han instado a Turquía a liberar a los defensores de derechos humanos.

“Nadie debería morir en la búsqueda de un juicio justo; es un derecho humano fundamental”, han declarado. “Es un absoluto desprecio hacia la vida humana, y nos sentimos muy consternados por la muerte de esta valiente defensora de los derechos humanos, así como por las circunstancias que llevaron a su muerte”.

Estos expertos son:

Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Irene Khan, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Dubravka Þimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; y Leigh Toomey (Presidenta-Relatora),Elina Steinerte (Vicepresidenta), José Guevara Bermúdez, Seong-Phil Hong, Sètondji Adjovi.