Las organizaciones de la sociedad civil de Van protestan por los 1.800 días de estado de excepción

Las organizaciones de la sociedad civil de Van protestaron por la prohibición de acciones y actividades que dura ya 1.800 días.

Desde que se declaró el Estado de Emergencia (OHAL) el 21 de julio de 2016, no se han permitido protestas ni acciones en Van durante 1.800 días. Muchos comunicados de prensa, acciones y eventos relacionados con las reiteradas prohibiciones emitidas por la Oficina del Gobernador de Van no son permitidos por la policía.

Recientemente, el 25 de octubre, el presidente de la Cámara Médica de Van-Hakkari, Hüseyin Yaviç, y el representante de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TİHV), Sevim Çiçek, fueron detenidos por la "Prohibición de Acciones y Eventos" del Gobernador, mientras intentaban hacer una declaración frente al Hospital Dursun Odabaşı de la Universidad de Van Yüzüncü Yıl.

Se celebró una rueda de prensa en la Sala de Conferencias Tahir Elçi del Colegio de Abogados de Van para protestar por las continuas prohibiciones en la ciudad.

Colegio de Abogados de Van, Cámara de Médicos de Van-Hakkari, Representante de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TİHV) en Van, Plataforma de Ramas KESK, Asociación de Abogados por las Libertades (ÖHD) en Van, Asociación de Mujeres STAR, Activistas del Movimiento de Mujeres Libres (TJA), Asociación de Medio Ambiente de Van, Ejecutivos de la Cámara de Dentistas de Van, Asociación TUHAY-DER de solidaridad y ayuda a las familias de los presos), Asociación de Derechos Humanos (İHD) Sucursal de Van y Asociación de Investigación de la Migración de Serhat, copresidentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) del distrito de İpekyolu asistieron a la conferencia de prensa.

Haciendo hincapié en el artículo 34 de la Constitución titulado "El derecho a organizar reuniones y manifestaciones", Uçar dijo que el derecho de reunión y manifestación está garantizado por el artículo 34 de la Constitución y añadió que este derecho "sólo puede ser limitado por la ley para los fines de la seguridad nacional, el orden público, la prevención de la delincuencia, la protección de la salud pública y la moral o los derechos y libertades de los demás."

Uçar dijo que las intervenciones en las manifestaciones pacíficas fueron evaluadas como una violación de los derechos y recordó que los Estados están obligados no sólo a proteger el derecho de reunión pacífica, sino también a evitar la imposición de restricciones indirectas ilegales a este derecho.

Dijo Uçar: "Teniendo en cuenta la convención internacional y la legislación nacional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, condenamos la prohibición de las declaraciones de prensa, así como de las reuniones y manifestaciones en Van, porque esta prohibición es ilegal".