Los abogados de Garibe Gezer, que fue víctima de agresión sexual y tortura y murió en circunstancias sospechosas el 9 de diciembre en la prisión cerrada de Kocaeli Kandıra nº 1 tipo F, acusaron a las autoridades penitenciarias de "agresión sexual cualificada", "tortura", "extralimitación en el uso de la fuerza" y "abuso de poder". La denuncia penal presentada contra el médico İsmail Ülker por los cargos de "negligencia" y por el cargo de "abuso de poder", sin embargo, resultó en el no procesamiento. Los abogados de Gezer, Eren Keskin, Jiyan Kaya y Jiyan Tosun, recurrieron el 5 de enero a la Fiscalía General de Kandıra para apelar la decisión de no procesar.

Haciendo hincapié en que la decisión de no procesar fue extremadamente problemática, los abogados dijeron que "después de la denuncia penal, la fiscalía ni siquiera tomó la declaración de Garibe mientras estaba viva. Sólo tuvo en cuenta el informe del Instituto de Medicina Forense de Kocaeli que incluyó en el expediente el 9 de noviembre. El informe decía que Garibe Gezer debía ser trasladada a la Institución de 2ª Especialización del Instituto de Medicina Forense para un examen detallado. Cuando miramos el contenido del informe de la Dirección de la Rama de Medicina Forense de Kocaeli firmado por el médico especialista Semih Yıldırım, se ve que Garibe Gezer ha explicado todas las quejas escritas en nuestra petición, la tortura y las agresiones sexuales en presencia del médico, en frases muy claras. Sin embargo, el estimado fiscal no incluyó el contenido del informe en cuestión dentro del ámbito de la evaluación"

Los abogados añadieron: "En la solicitud, en la que se subrayaba que se había dictado una orden de confidencialidad sobre el expediente de la investigación, que está abierto a todo el mundo, después de la muerte de Gezer, se afirmaba que "las pruebas supuestamente recogidas hasta el final de la investigación casi se intentaron "secuestrar" de nosotros, los abogados de Garibe Gezer. En primer lugar, como escribimos en nuestra petición, aunque afirmamos que nuestro cliente fue mantenido en una celda incompatible con la dignidad humana, y que el intenso aislamiento debía ser evaluado en el marco del artículo 17 de la Constitución, esta evaluación no se hizo. El artículo 17 de la Constitución impone a las autoridades estatales la obligación de que "las personas privadas de libertad no sean sometidas a torturas ni a penas y tratos incompatibles con la dignidad humana". De nuevo, las reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas, que establecen las "Reglas mínimas que deben aplicarse a los reclusos", tampoco fueron tenidas en cuenta por la fiscalía en absoluto".