No hay tregua para los presos políticos turcos

Los presos políticos han vuelto a ser el centro de atención en Turquía, ya que el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha introducido, recientemente, una nueva normativa ampliamente debatida, denominada “amnistía especial”.

Los presos políticos han vuelto a ser el centro de atención en Turquía, ya que el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha introducido, recientemente, una nueva normativa ampliamente debatida, denominada “amnistía especial”. Esta norma, que entró en vigor el 12 de julio, supondrá la puesta en libertad de miles de personas que se encuentran actualmente detenidas en Turquía. El motivo de la controversia es la exclusión de los presos políticos de dicha amnistía.

Uno de los grupos que han condenado lo que consideran discriminación contra los presos políticos, es la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD, por sus siglas originales). Esra Bilen, abogada y copresidenta de la sección de Estambul de la ÖHD, afirmó que el mensaje que transmite esta nueva normativa es que “puedes cometer actos atroces como asesinato, agresión sexual, tráfico de drogas o cualquier otro delito, siempre que no desafíes o actúes contra la autoridad del Estado; nosotros perdonaremos todo, menos eso”. También subrayó que el enfoque del AKP hacia los presos políticos parece “primitivo” y “vengativo”.

No es ni mucho menos la primera vez que Turquía es objeto de críticas por su actitud hacia los presos políticos. La historia de Turquía, desde la década de 1980, se ha visto empañada por un patrón de abusos contra los derechos humanos en relación con el trato a los presos políticos. El país ha sido testigo de una serie de golpes militares, regímenes autoritarios y periodos de intensa represión política, que han dado lugar al maltrato de innumerables personas detenidas por sus convicciones políticas, sobre todo kurdos.

Para comprender la naturaleza represiva de la política turca es importante remontarse a 1980, cuando Turquía sufrió un golpe de Estado que condujo al establecimiento de una junta militar que gobernó con mano de hierro durante tres años. El golpe marcó el comienzo de una época oscura en la historia del país, caracterizada por violaciones generalizadas de los derechos humanos y la represión de la disidencia política. Durante este periodo, activistas políticos, intelectuales y miembros de la minoría kurda se convirtieron en los principales objetivos de la persecución patrocinada por el Estado.

Los malos tratos infligidos a los presos políticos en Turquía han implicado, a menudo, torturas y malos tratos durante los interrogatorios y las detenciones. Los informes de organizaciones de derechos humanos han puesto de manifiesto un preocupante patrón de abusos físicos y psicológicos infligidos a los detenidos. Se han empleado métodos como palizas, descargas eléctricas, agresiones sexuales y reclusión en régimen de aislamiento para obtener confesiones y así reprimir a la oposición.

Los presos políticos en Turquía han sido sometidos con frecuencia a periodos prolongados de detención preventiva sin las debidas garantías procesales. Muchos detenidos pasan años en espera de juicio, lo que supone una violación de sus derechos humanos básicos y del principio de “inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Esta práctica ha tenido un impacto desproporcionado en la comunidad kurda, donde el activismo político se ha topado con una dura represión estatal.

Sin duda, el ejemplo más destacado es el de Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Desde que fue detenido en 1999 y condenado a cadena perpetua, Öcalan ha soportado periodos de aislamiento total en la isla de İmralı, lo que ha restringido su contacto con el mundo exterior y ha suscitado una gran preocupación por su bienestar.

Además del caso de Abdullah Öcalan, ha habido otros ejemplos notables de malos tratos a presos kurdos en Turquía. Por ejemplo, Leyla Zana, política kurda y activista de derechos humanos, fue elegida diputada al Parlamento turco en 1991. Sin embargo, su defensa de los derechos de los kurdos, el orgullo de su propia identidad y su negativa a hablar turco durante su juramento parlamentario la llevaron a ser detenida en 1994. Zana fue condenada a 15 años de prisión por cargos infundados de apoyo al terrorismo. Durante su estancia en prisión, soportó duras condiciones y también fue sometida a régimen de aislamiento.

Ahmet Türk es otro conocido político kurdo y ex alcalde de Mardin, una de las mayores ciudades de la región de mayoría kurda. En 2004, Türk fue detenido acusado de pertenecer al PKK, acusación que negó con vehemencia. Fue declarado culpable y condenado a 14 años de prisión. Muchos consideraron que la detención y el juicio de Türk tenían motivaciones políticas y pretendían silenciar su defensa de los derechos y la autodeterminación de los kurdos.

Otro ejemplo muy famoso es el de Leyla Güven, miembro del pro-kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y diputada al Parlamento. Güven ha sido una abierta defensora de los derechos kurdos. En 2018, fue detenida por su participación en las protestas contra la Operación Rama de Olivo, cuando Turquía invadió Afrin, en Rojava (Kurdistán sirio). La huelga de hambre de Güven mientras estaba en prisión atrajo la atención internacional y puso de relieve la difícil situación de los presos políticos kurdos en Turquía.

Las huelgas de hambre han sido una forma habitual de protesta entre los presos políticos kurdos en Turquía. Estas protestas suelen iniciarse para llamar la atención sobre las demandas de los presos de que se mejoren sus condiciones, se ponga fin al aislamiento y se respeten sus derechos culturales y políticos. En ocasiones, las huelgas de hambre han tenido graves consecuencias para la salud de los detenidos.

El trato que el gobierno turco dispensa a los presos políticos, especialmente a los kurdos, ha sido objeto de numerosas críticas internacionales. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han documentado numerosos casos de abusos y han pedido reformas urgentes. A pesar de la atención y la indignación que han recibido estas violaciones, Turquía continúa con estas prácticas inhumanas y a menudo ilegales.

La amnistía recién introducida, que excluye a los presos políticos, puede y debe verse como lo que es: una bofetada intencionada a los miles de presos políticos de Turquía y un mensaje de intimidación a los kurdos que se atrevan a defender sus intereses políticos.

FUENTE: Robin Fleming / Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina