Piden a la Comisión de Investigación de DD.HH. del Parlamento que se oponga al aislamiento de Imrali

El diputado del Partido DEM Nevroz Uysal Aslan presentó una solicitud a la Comisión Parlamentaria de Investigación de Derechos Humanos contra el sistema de tortura en Imralı y pidió a la comisión que tomara iniciativas.

IMRALI

El diputado de Şırnak del Partido para la Igualdad de los Pueblos y la Democracia (DEM), Nevroz Uysal Aslan, presentó una solicitud a la Comisión Parlamentaria de Investigación de Derechos Humanos (İHİK) sobre la situación del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan, Veysi Aktaş, Ömer Hayri Konar y Hamili Yıldırım, quienes se encuentran detenidos en la prisión de la isla de İmralı y no se ha sabido nada de ellos desde hace 43 meses.

En la solicitud se afirma que "la última vez que se supo de Öcalan, cuyo papel como interlocutor político y poder para una solución a la cuestión kurda es indiscutible, fue el 25 de marzo de 2021. Se trataba de una llamada telefónica intermitente de Abdullah Öcalan con su hermano Mehmet Öcalan, que duró unos minutos. La última reunión de Öcalan con sus abogados fue el 7 de agosto de 2019 y desde entonces no se ha producido ninguna visita de un abogado. Hubo una prohibición ininterrumpida de visitas de abogados en la prisión de la isla durante 8 años, desde el 27 de julio de 2011 hasta el 2 de mayo de 2019. En 2019, se permitió al Sr. Öcalan reunirse con sus abogados 5 veces. Después de la última visita de un abogado el 7 de agosto de 2019, esta prohibición se impuso a Öcalan de nuevo de forma ininterrumpida. Todas las solicitudes presentadas por su familia y sus abogados contra esta práctica e ilegalidad, que no tiene precedentes en ningún otro lugar del mundo, han sido rechazadas. “En el mundo, la administración penitenciaria ha dejado en varias ocasiones sin resolver los casos, alegando sanciones disciplinarias. Esta situación, que constituye una excepción incluso a la legalidad, se ha mantenido al no notificar a los abogados las decisiones administrativas y judiciales de prohibición, que son obligatorias, y se les ha impedido incluso sacar fotocopias del expediente”.

En la solicitud se hace referencia al informe sobre el aislamiento anunciado por el Comité para la Prevención de la Tortura (CTP) el 5 de agosto de 2020 y se indica: “El informe define la situación de no recibir ninguna noticia de la prisión de la isla de Imralı como ´incomunicación´, es decir, absoluta incomunicación, y afirma que esta situación es inaceptable. Con una solicitud fechada el 29 de julio de 2022 por los abogados del Sr. Öcalan, el aislamiento absoluto en la prisión de la isla de Imralı también se incluyó en la agenda del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 6 de septiembre de 2022, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tomó una decisión cautelar con respecto a la solicitud de ´poner fin a la detención en régimen de incomunicación de los solicitantes y permitirles tener acceso inmediato y sin restricciones a un abogado de su elección´".

En la solicitud, que señalaba que el Estado no había cumplido con su obligación en relación con la decisión adoptada por el Comité, se incluía lo siguiente: “Sin embargo, los funcionarios estatales y gubernamentales no cumplieron con la solicitud del Comité de esta medida. Por el contrario, respondieron a esta decisión con nuevas prohibiciones arbitrarias de visitas de familiares, tutores y abogados y de conversaciones telefónicas. Posteriormente, como resultado de la segunda solicitud presentada por los abogados debido a la no implementación de la orden judicial, el Comité de Derechos Humanos de la ONU transmitió a Turquía su segunda solicitud de orden judicial con fecha de 19 de enero de 2023 para poner fin a la detención en régimen de incomunicación y proporcionar acceso inmediato y sin restricciones a un abogado de su elección. Sin embargo, esta decisión tampoco se ha implementado”.

En la solicitud se recordó que el Comité de Ministros del Consejo de Europa exigió a Turquía que proporcionara información antes del 26 de julio de 2025 sobre el seguimiento de sus recomendaciones sobre Abdullah Öcalan y otros tres compañeros de prisión, sobre la facilitación de sus reuniones con sus familias y representantes legales, y sobre la derogación de la legislación que entró en vigor durante el estado de excepción y afectó al disfrute de las garantías jurídicas fundamentales.

La solicitud concluía: “Para poner fin a la violación de la prohibición de la tortura y los malos tratos en la prisión de la isla de Imralı que ha continuado durante un cuarto de siglo y para establecer una paz duradera y el estado de derecho en Turquía, es esencial que su Comisión tome iniciativas y desarrolle soluciones para poner fin a la legislación y la práctica contrarias a los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos”.