Originario de Amed, Şehmus Kalır, padre de siete hijos, se vio obligado a trasladarse a Adana a principios de la década de 1990 por motivos políticos. El 10 de octubre de 1994 fue detenido y, tras ser sometido a graves torturas, arrestado y posteriormente condenado a cadena perpetua tras lo que al parecer fue una farsa de juicio político.

Desde su encarcelamiento inicial en la prisión de Kürkçüler en Adana, Kalır ha sido trasladado en múltiples ocasiones a cárceles de toda Turquía, entre ellas las de Konya (tipo E), Siirt (tipo E), Diyarbakır (tipo D) y, finalmente, a prisiones alejadas de su familia en Trabzon, Kastamonu y Tekirdağ n.º 2 (tipo F).

Más recientemente, fue trasladado a la prisión de Tekirdağ nº 1. Su puesta en libertad estaba prevista para el 10 de octubre de 2024. Sin embargo, apenas cinco días antes de su puesta en libertad, el comité administrativo y de observación de la prisión celebró con él una entrevista de libertad condicional. Durante esta reunión, el comité le hizo a Kalır, que ha soportado 30 años de encarcelamiento y diversos problemas de salud, una única pregunta: «¿Siente arrepentimiento?».

Kalır respondió sin rodeos: «No siento arrepentimiento», lo que condujo a la denegación arbitraria de su libertad condicional. En consecuencia, según la decisión adoptada por el comité de observación de la prisión de Tekirdağ nº 1, su puesta en libertad ha sido aplazado tres meses.

Un país sin justicia

Las detenciones contra la oposición política, activistas, la prensa libre, los abogados e incluso, los kurdos y las kurdas por el hecho de serlo, son comunes en la República turca. Generalmente, a estas personas se les imponen cargos de terrorismo por los que son suspendidos prácticamente todos sus derechos y enviados a prisión, impidiendo de este modo que ejerzan su trabajo y alcen la voz contra las continuas violaciones del Estado. En el caso de la detención de personas sólo por su etnia o acciones puntuales, el cargo suele rebajarse a “propaganda de una organización ilegal”, lo que sirve para ahuyentarlas de los movimientos sociales y organizados de la oposición.

Tras las detenciones, se presiona a los presos y presas políticos para que hagan confesiones de remordimiento una vez cumplidas sus condenas regulares de prisión. Quienes se niegan, son mantenidos en la cárcel. Esto se traduce en que el Estado turco impide la puesta en libertad de numerosos presos y presas una vez transcurrido el tiempo estipulado por la ley por el hecho de que se niegan a reconocer la criminalización que genera el propio Estado turco contra las diferentes formas de libertad de expresión y pensamiento, a las que tilda de "terroristas".

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