La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), así como la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en misión conjunta para desempeñar labores de observación durante las elecciones turcas, han publicado un informe en el que constatan que el marco jurídico no proporcionó plenamente una base para la celebración de elecciones democráticas en Turquía.
"Fueron unas elecciones competitivas pero aún limitadas, ya que la criminalización de algunas fuerzas políticas, incluida la detención de varios políticos y políticas de la oposición, impidió el pleno pluralismo político y obstaculizó el derecho de las personas a presentarse a las elecciones", declaró Michael Georg Link, Coordinador Especial y jefe de la misión de observadores a corto plazo de la OSCE. "La interferencia política en el proceso electoral no está en consonancia con los compromisos internacionales de Türkiye".
Casi 61 millones de electores estaban registrados para votar en el país, así como 3,5 millones en el extranjero, en unas elecciones que se celebraron con el telón de fondo de los devastadores terremotos de este año. Las autoridades tomaron algunas medidas limitadas para que los afectados y las afectadas por los terremotos pudieran participar en las elecciones, pero a pesar de ellas y de los esfuerzos adicionales de la sociedad civil y los partidos políticos, un elevado número de estos votantes tuvo dificultades para votar.
"Estas elecciones han tenido una alta participación y han ofrecido una posibilidad real de elección. Sin embargo, Türkiye no cumple los principios básicos para celebrar unas elecciones democráticas", declaró el alemán Frank Schwabe, jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. "Figuras políticas y sociales clave están en prisión incluso después de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra, la libertad de los medios de comunicación está gravemente restringida y existe un clima de autocensura. Türkiye está muy lejos de crear unas condiciones de campaña electoral justas".
Según subrayan, la administración electoral organizó las elecciones con eficacia y gozó en general de confianza, aunque hubo falta de transparencia y comunicación en su trabajo, así como preocupación por su independencia. La jornada electoral transcurrió en su mayor parte pacífica y sin sobresaltos, a pesar de algunos incidentes en los colegios electorales y sus alrededores. Aunque en general el proceso estuvo bien organizado, no siempre se aplicaron salvaguardias importantes, sobre todo durante el recuento. También señalan que fueron frecuentes las votaciones familiares y en grupo, mientras que la disposición de la mitad de los colegios electorales observados los hacía inaccesibles para las personas con discapacidad.
Agregan que la campaña fue en gran medida pacífica y competitiva, pero muy polarizada y a menudo de tono negativo e incendiario. Varios procesamientos y presiones sobre políticos, políticas y partidos de la oposición, incluidos los procedimientos en curso para disolver el segundo mayor partido de la oposición, obstaculizaron su participación en las elecciones. Y aunque la Constitución garantiza la igualdad de mujeres y hombres, subrayan que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los puestos directivos y, en general, en la política, y que es necesario que las autoridades y los partidos políticos redoblen sus esfuerzos en este ámbito.
"A pesar de la prometedora oportunidad de elección que se presentó en estas elecciones, hubo importantes desafíos para que los ciudadanos y ciudadanas ejercieran el derecho al voto y, lamentablemente, las mujeres estuvieron infrarrepresentadas como candidatas", declaró Farah Karimi, jefa de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. "Cientos de miles de personas, afectados y afectadas por los terremotos y en particular estudiantes, tuvieron que hacer importantes esfuerzos adicionales para ejercer su derecho al voto".
Por otro lado, el uso indebido de recursos públicos en algunos casos, así como los anuncios de importantes programas de beneficios sociales, proporcionaron ventajas indebidas a los que estaban en el poder y difuminaron la línea entre partido y Estado según señalan. También subrayan que hubo numerosos casos de funcionarios que hacían campaña durante las inauguraciones de proyectos de infraestructuras a gran escala, mientras que el actual presidente a menudo hacía campaña mientras desempeñaba sus funciones oficiales.
Además, la libertad de expresión y los medios de comunicación, aunque protegidos por la Constitución, están limitados por varias leyes. La reciente tipificación como delito de la difusión de información falsa, el hecho de que con frecuencia se bloqueen sitios web y se eliminen contenidos en línea, y las continuas detenciones y procesamientos de periodistas debilitaron aún más la libertad de expresión. Durante la campaña, los partidos gobernantes y sus candidatos se vieron claramente favorecidos por la mayoría de las cadenas de televisión nacionales, incluida la radiotelevisión pública, a pesar de su obligación constitucional de permanecer imparcial.
"El día de las elecciones, los votantes pudieron elegir realmente, y la alta participación fue una buena muestra del espíritu democrático del pueblo turco", declaró el embajador Jan Petersen, jefe de la misión de observación electoral de la OIDDH. "Sin embargo, lamento constatar la falta de transparencia de la labor de la administración electoral, así como la abrumadora parcialidad de los medios de comunicación públicos y las limitaciones a la libertad de expresión".
La observación electoral internacional de las elecciones generales en Turquía contó con un total de 401 observadores oficiales de 40 países, de los cuales 264 eran expertos y expertas desplegados por la OIDDH a largo y corto plazo, 98 de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y 39 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
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