El informe anual del Parlamento Europeo sobre Turquía, publicado el martes, dice que "a pesar del levantamiento del estado de emergencia en julio de 2018, los impactos adversos de los dos años de gobierno excepcional continúan afectando significativamente a la democracia y los derechos fundamentales".

El informe añade que "la situación en el sureste del país sigue siendo muy preocupante, a pesar de la mejora del entorno de seguridad". La sustitución de 47 alcaldes municipales del HDP elegidos democráticamente por fideicomisarios nombrados por el gobierno central en el sudeste puso en tela de juicio los resultados del proceso democrático de las elecciones locales del 31 de marzo de 2019. Las detenciones y destituciones de los alcaldes electos y los representantes de los partidos continuaron y dañaron gravemente la democracia local".

Las principales recomendaciones del Consejo de Europa y sus órganos aún no se han abordado, subrayó el informe, y añadió que "sigue habiendo preocupación, en particular por la falta sistémica de independencia del poder judicial".

En cuanto a los derechos humanos, el informe decía: "El deterioro de los derechos humanos y fundamentales continuó. Muchas de las medidas introducidas durante el estado de excepción siguieron en vigor y continuaron teniendo un efecto profundo y devastador", y añadió: "Se siguieron comunicando denuncias creíbles de torturas y malos tratos". 

A la luz de la pandemia de COVID-19, un polémico paquete legislativo preveía la liberación condicional de hasta 90.000 presos. En julio, se había puesto en libertad a 65.000 presos. Sin embargo, se excluyó a los detenidos en prisión preventiva por supuestos delitos relacionados con terrorismo, incluidos abogados, periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos".

En el informe también se destaca que "continúa el grave retroceso en materia de libertad de expresión". La aplicación desproporcionada de las medidas restrictivas seguía afectando negativamente a la libertad de expresión y a la difusión de las voces de la oposición. Continuaron las causas penales y las condenas de periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, escritores y medios de comunicación social".

En cuanto a la migración, el informe dice que "Turquía todavía no ha aplicado el Acuerdo de Readmisión de la Unión Europea y Turquía hacia todos los Estados miembros ni las disposiciones relativas a los nacionales de terceros países. A pesar de que se anunció una aceleración de la labor de liberalización de los visados, no se cumplieron los criterios de referencia pendientes en materia de liberalización de visados y siguen pendientes las enmiendas a la ley antiterrorista y la ley de protección de datos. Turquía todavía tiene que seguir armonizando su legislación con el acervo de la UE en materia de política de visados".

Y sobre la política exterior de Turquía el informe decía lo siguiente: "Choca ada vez más con las prioridades de la UE en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. Las tensiones en la región del Mediterráneo oriental aumentaron aún más en el período que abarca el informe como resultado de las acciones ilegales y las declaraciones provocadoras de Turquía que cuestionaban el derecho de la República de Chipre a explotar los recursos de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva de la República de Chipre".

En el informe se añade lo siguiente: "La UE condenó la acción militar unilateral de Turquía en el nordeste de Siria e instó a Turquía a que pusiera fin a su acción militar, retirara sus fuerzas y respetara el derecho internacional humanitario. La gran mayoría de los Estados Miembros decidió suspender la concesión de licencias de exportación de armas a Turquía".