Tras el Llamamiento por la Paz y una Sociedad Democrática de Abdullah Öcalan el 27 de febrero, y el anuncio de disolución del PKK el 12 de mayo, la atención se ha centrado en los posibles pasos jurídicos que podría tomar el Estado turco.

El décimo paquete de reforma judicial, presentado antes de la festividad del Eid al-Adha, no cumplió con las expectativas, y se anunció que la continuación del proceso de reformas se pospondría hasta septiembre. Durante los debates parlamentarios sobre dicho paquete, las propuestas de la oposición —en especial del Partido DEM— fueron mayoritariamente ignoradas.

Desde el anuncio de disolución del PKK, se han multiplicado los llamamientos para mejorar las condiciones de detención física de Öcalan, pero no ha habido avances. Aparte de una visita familiar durante el Eid al-Adha, no está claro si ha habido nuevos encuentros con Öcalan o si se ha dado algún paso oficial para hacer avanzar el proceso.

En este contexto, el Comité de Ministros del Consejo de Europa abordó la cuestión del derecho a la esperanza en su reunión del 17 y 18 de septiembre de 2024, otorgando a Turquía un plazo de un año para actuar. Ese plazo expirará en septiembre de 2025, es decir, dentro de aproximadamente tres meses.

Bahçeli ya planteó la cuestión hace siete meses

El derecho a la esperanza se convirtió en tema de debate político en Turquía cuando el líder del Partido de Acción Nacionalista (MHP), Devlet Bahçeli, lo mencionó durante la reunión de su grupo parlamentario el 22 de octubre de 2024. Bahçeli declaró: “Si el Gobierno demuestra determinación y voluntad, deben promulgarse disposiciones legales sobre el derecho a la esperanza y garantizar el acceso pleno a este derecho”. Han pasado ya unos siete meses desde aquella declaración, pero no se ha tomado ninguna medida oficial.

El derecho a la esperanza hace referencia a una garantía jurídica para las personas condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este principio se basa en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Vinter y otros vs. Reino Unido de 2013, en el que se determinó que la cadena perpetua sin perspectiva de excarcelación vulnera el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

Tres sentencias del TEDH

La razón por la que el Comité de Ministros tomó en consideración el caso de Öcalan es una sentencia del TEDH fechada el 18 de marzo de 2014. Los abogados de Öcalan presentaron una demanda en 2003 alegando que su condena violaba el artículo 3 del Convenio. En su decisión, el TEDH concluyó que la cadena perpetua agravada que pesa sobre Öcalan, al no ofrecer posibilidad de revisión ni de excarcelación, así como su régimen de aislamiento, vulneraban el artículo 3, igual que en el caso Vinter. El Tribunal instó además a realizar reformas legales adecuadas. Esta fue la primera sentencia contra Turquía en relación con el derecho a la esperanza.

Posteriormente, el TEDH emitió dos sentencias similares: en el caso Hayati Kaytan vs. Turquía, el 15 de septiembre de 2015, y en el caso Gurban y Civan Boltan vs. Turquía, el 15 de diciembre de 2015. En ambas decisiones, el Tribunal reafirmó que las penas de cadena perpetua sin un mecanismo de revisión o libertad condicional contravienen la prohibición de tortura y trato inhumano.

A pesar de que han pasado ya diez años desde las primeras sentencias en el caso de Öcalan, Turquía no ha realizado ninguna reforma legal para subsanar las violaciones señaladas. Por este motivo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, encargado de supervisar la ejecución de las sentencias del TEDH, inició un proceso de seguimiento para exigir cambios legales y prácticos sobre el derecho a la esperanza y las condenas de cadena perpetua agravada. En su reunión del 17 y 18 de septiembre de 2024, el Comité otorgó a Turquía un año de plazo. Aunque la declaración de Bahçeli se produjo poco después de esa decisión, hasta ahora no se ha impulsado ninguna reforma legislativa.