La semana pasada, la Audiencia Nacional condenó a los acusados del caso Gürtel, incluido quien fuere durante más de 15 años tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas. En sus consideraciones, los jueces establecieron que este partido organizó y mantuvo una llamada caja B desde 1985, donde los fondos fluían de la corrupción generalizada. Fue en realidad por medio de esa caja de seguridad que el partido fue financiado.

En la misma sentencia, se dice que las declaraciones de varios testigos, especialmente la del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, carecían de veracidad. El Tribunal también condenó al partido a pagar más de doscientos mil euros en tanto que beneficiario de los fondos criminales.

La sentencia ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia social y política. Además, pocos días antes de la decisión judicial, el ex-ministro y ex-presidente de la comunidad autónoma de Valencia fue arrestado y acusado de corrupción, asociación criminal y blanqueo de dinero. En sus declaraciones a la policía, no solo reconoció los hechos sino que también dio nuevas pistas sobre cómo seguir la interminable ruta de corrupción del Partido Popular.

La corrupción del PP ha de sumarse a la inestabilidad de conformar un gobierno minoritario, lo que le obligó a negociar constantemente cuestiones fundamentales como la posición frente el proceso de soberanía en Cataluña, cuyas instituciones declararon una república independiente dada la imposibilidad de dialogar con el gobierno.

La persecución policial y judicial de las autoridades catalanas ha conducido al encarcelamiento de varios políticos catalanes y el exilio de su propio presidente, Carles Puidgemont, así como de varios de sus ministros en distintos países europeos. Lo mismo podría decirse de los presupuestos generales del Estado, paralizados durante meses y aprobados in extremis con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a cambio de 540 millones de euros en inversiones para este territorio, solo un día antes del explosivo fallo de la Audiencia Nacional.

La presentación de una moción de censura contra el presidente por el líder del Partido Socialista (PSOE) Pedro Sánchez, finalmente ha sido aprobada este viernes con 180 votos a favor y 169 en contra.

La aprobación de la moción de censura ha significado la caída del líder del PP, Mariano Rajoy, así como la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno. Aunque el PSOE solo cuenta con 84 escaños en el Congreso, el escándalo de corrupción ha tenido la virtud de sumar el apoyo de grupos muy diversos como la coalición de Unidos Podemos, los independentistas catalanes, el PNV y los independentistas vascos de EH-Bildu, y Coalición Canaria.

Ahora, el nuevo presidente tiene la complicada tarea de conseguir un apoyo estable y acordado con Unidos Podemos y el PNV (que ya gobierna en coalición con el PSOE en la comunidad autónoma vasca). Asimismo, deberá abrir vías de diálogo con los catalanes y los independentistas vascos.

El nuevo gobierno también tendrá que gestionar el presupuesto anual, ya aprobado, de fuerte carácter conservador, y abordar políticamente el complejo y delicado conflicto catalán (hasta ahora abordado solo con la represión y el poder judicial). En un futuro no muy lejano, también deberá abordar la demanda de un nuevo estatuto en la relación con el País Vasco (que ya se encuentra en la fase de negociación y redacción en el Parlamento de ese territorio).

Durante los debates parlamentarios del jueves, los otros temas fundamentales que se abordaron fueron claramente definidos: una lucha firme contra la corrupción generalizada en la política y la administración, la recuperación de las políticas sociales y la contención de la deriva represiva y judicial que ha prevalecido durante el gobierno del PP.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el nuevo presidente también deberá usar "guantes de seda" con su propio partido, especialmente con los denominados barones, el poderoso grupo de personalidades notables compuesto por dos ex-presidentes socialistas y sus líderes regionales, estrechamente vinculado a la "vieja política" que ha sido criticada duramente en el debate parlamentario.

El nuevo gobierno posiblemente tenga una vida limitada ante el llamado a elecciones anticipadas. Pero tratará de ganar el tiempo suficiente para llevar a cabo una gestión política y económica "progresista" que permita tanto al PSOE como a Unidos Podemos abordar futuras elecciones en mejores condiciones. Las últimas encuestas, de hecho, indican un importante crecimiento de Ciudadanos, de derecha y procentralista, que se beneficiarían de la crisis del conservador PP.