El gobierno británico está estableciendo una nueva zona fronteriza en la que los militares y los oficiales de aduanas tendrán poderes adicionales para detener, buscar e interrogar a la gente en la franja de una milla de ancho a lo largo de toda Irlanda.

Dichos poderes están contenidos en el nuevo proyecto de ley “Contraterrorismo y Seguridad Fronteriza” que actualmente está pasando por el Parlamento de Westminster en Londres.

Si el proyecto de ley se convierte en ley, cualquier persona podría ser detenida y sometida a un registro para determinar si está ingresando o saliendo de la jurisdicción británica, y cuál es su propósito al hacerlo, independientemente de su ciudadanía.

Las nuevas propuestas ya pasaron la fase de comités en Westminster y la ley podría estar lista para Navidad, mucho antes de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea.

Bajo la legislación propuesta, un “oficial examinador” puede interrogar a una persona para determinar si está involucrada en alguna “actividad hostil”, definida para incluir cualquier cosa que pueda ser contraria al “bienestar económico” de Gran Bretaña.

Estos nuevos poderes también se aplicarán en la estación de tren de Newry, donde se puede buscar a los pasajeros después de que hayan cruzado la frontera, así como en algunas áreas urbanizadas de Strabane y Derry. La nueva legislación busca facilitar el trabajo de la nueva Fuerza Fronteriza similar a la policía, que se desplegará a principios de 2019.

Michelle O'Neill, de Sinn Fein, acusó al gobierno británico de duplicidad y de “prepararse claramente para una dura frontera en Irlanda”.

“El uso de los poderes de detención y búsqueda ya es motivo de gran preocupación en las áreas nacionales, pero si se introducen poderes tan amplios como estos será desastroso”, dijo.