Las protestas se multiplican en el Estado por el ingreso en prisión de Pablo Hasél. Durante la noche del miércoles, se propagaron pequeños disturbios por el centro de Madrid, que se saldaron con 19 detenciones y una decena de personas heridas.

Es un ejemplo de las múltiples manifestaciones en respuesta que se han vivido en la península. En Barcelona, las protestas continuaron durante dos días seguidos y terminaron con la fatídica noticia de que una manifestante había perdido el ojo por culpa de una bala de foam disparada por un antidisturbio. También se han producido barricadas y cargas policiales en las manifestaciones convocadas en Granada, Girona y Lleida. Alrededor de 40 personas han sido detenidas durante estas jornadas de protesta.  

Esta ola de indignación por la condena del rapero tomó fuerza después de que el martes 16 de febrero los Mossos d’Esquadra (agentes de policía de Catalunya) detuvieran a Pablo Hasél, atrincherado junto a un grupo de personas en el rectorado de la Universidad de Lleida para resistir su arresto.

La Audiencia Nacional condenó a este rapero a 9 meses de prisión por la letra de una de sus canciones y sus publicaciones en redes sociales. La sentencia se basa en los “delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona”. La tipificación de estos supone, según denuncian organizaciones como Amnistía Internacional o la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información, una amenaza para la libertad de expresión dentro del Estado.

También lo nombra así el propio rapero en un comunicado, en el que señala que esto no solo es un ataque contra él, "sino contra la libertad de expresión y por tanto contra la inmensa mayoría que no la tenemos garantizada como tantas otras libertades democráticas. Cuando reprimen a uno, lo hacen para asustar al resto", defendía en el texto publicado en la red.

Pablo Hasél no es el único

En esta última década, periodistas, usuarios de redes sociales y artistas han sido condenados repetidamente bajo la acusación de "enaltecimiento al terrorismo”, “injurias a la corona” y “calumnias”.

Recordamos algunos de estos casos: la Operación Araña, que impuso penas privativas de libertad a varios tuiteros por el contenido de sus publicaciones; o la sentencia de Arnaldo Otegi a un año de cárcel por llamar a Juan Carlos I “rey de los torturadores”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó a España a compensarle con 20.000 euros de indemnización tras considerar desmesurada la sentencia.

La entrada en prisión de Pablo Hasél y la indignación social ha instigado a las autoridades a adoptar medidas que eviten este tipo de condenas. El pasado 8 de febrero la Secretaría de Estado de la Comunicación anunciaba que el Ministerio de Justicia revisaría los delitos relacionados con la libertad de expresión para que no supongan un castigo penal. También el PSOE y Podemos han propuesto de nuevo tras estos acontecimientos eliminar del Código Penal los delitos contra los sentimientos religiosos, los de injurias y el de enaltecimiento del terrorismo.