En busca de una solución a la crisis económica de Turquía, el gobierno del AKP confisca tierras públicas en las provincias kurdas de Van, Şırnak y Hakkari y las saca a subasta. En contra de lo que afirma el régimen, estas tierras no están en barbecho, sino que son utilizadas colectivamente por la población rural. Los campos afectados son 73 en Erçiş, cuatro en Cizre y Şirnak y 96 en Yüksekova.

Los terrenos se subastarán a personas reales o jurídicas. Estas personas pueden realizar el 25% de los pagos por adelantado y pagar el resto del dinero a plazos durante los próximos 24 meses. El beneficio de la venta de los terrenos debe destinarse a la "reestructuración" de los lugares. La reestructuración en el Kurdistán significa sobre todo la militarización y la construcción de nuevos bloques de edificios para erosionar el modo de vida tradicional y colectivo del pueblo. El cálculo cínico es que la gente debe comprar sus propios campos y así financiar su cierre en nuevos bloques de construcción que no quieren.

El robo de las tierras que utiliza la población y su privatización están provocando conflictos violentos entre los futuros compradores y la población del pueblo.

"Si la gente del pueblo no puede pagar el campo, se vende a gente de fuera", dicen los aldeanos. "Se trata de poner nuestros campos comunes a disposición de una persona. Quieren vendernos nuestros propios campos. No queremos nuevos proyectos de construcción, de todas formas llevamos años cultivando estos campos juntos y de forma alterna. No participaremos en las subastas, estamos en contra de esta venta".