La propuesta de ley titulada “Modificaciones a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y de Otras Leyes”, promovida por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) como una “reforma judicial” y conocida públicamente como el “décimo paquete de reforma judicial”, fue aprobada en el Pleno del Parlamento a pesar de las numerosas objeciones.

El abogado Ercan Kanar habló con ANF sobre el paquete, que originalmente constaba de 30 artículos, de los cuales se retiraron 8 durante las deliberaciones. Advirtió que con esta legislación, pronto no quedará nadie que no haya sido encarcelado.

Este paquete implica prisión incluso para penas no privativas de libertad

Ercan Kanar afirmó que presentar el décimo paquete como una "reforma" no se corresponde con la realidad. Al contrario, subrayó que el paquete incrementa aún más las penas. Como ejemplo, explicó que antes de esta ley, quienes recibían penas inferiores a cinco años no ingresaban en prisión, pero ahora, incluso quienes son condenados a dos años deberán pasar al menos cinco días tras las rejas.

También dificulta la excarcelación de presos enfermos

Kanar señaló que el paquete no aporta ningún beneficio a los presos políticos o detenidos. Por el contrario, restringe aún más la excarcelación de los presos enfermos. Dijo que se requiere un informe médico del Instituto de Medicina Forense (ATK) para que puedan ser liberados, pero obtener dicho informe es extremadamente difícil.

Kanar explicó que esta dificultad proviene de que el ATK carece de independencia y objetividad, y funciona totalmente bajo el control del poder ejecutivo. Indicó que para los presos enfermos, especialmente los políticos, resulta prácticamente imposible recibir un informe favorable por parte del ATK.

Este paquete no sirve a la paz

Ercan Kanar criticó la afirmación del ministro de Justicia, Yılmaz Tunç, de que “se eliminará la percepción de impunidad”, señalando que esa narrativa es en sí misma una percepción fabricada. Explicó que el paquete solo abre la vía a la excarcelación de presos comunes, excluyendo completamente a los detenidos políticos.

Kanar describió el décimo paquete de reforma judicial como una herramienta de represión, dirigida especialmente contra la oposición. Continuó: “Este paquete, presentado en un momento en que existen debates en curso sobre la cuestión kurda, no tiene nada que ver con una solución. Al contrario, profundiza el bloqueo. En otras palabras, no es un paquete que sirva a la paz. Por tanto, es irreal esperar un paso serio hacia la paz o una resolución por parte del actual gobierno.

Por ejemplo, incluso si el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) dejara hoy las armas, las operaciones militares seguirían. En Van (Wan), ni siquiera se ha permitido una mínima declaración de prensa durante los últimos seis años. El número de presos y detenidos ha superado los 410.000. Cuando el AKP llegó al poder, la población carcelaria era de solo 49.000. Ahora, el décimo paquete aprobado en el Parlamento se aplica únicamente a los presos y condenados comunes. Su objetivo es reducir la población penitenciaria y engañar a la opinión pública. Se le llama ‘paquete de reforma’. Pero en realidad, impone penas de prisión incluso por el intento más pequeño de reivindicar un derecho democrático. Esto significa que pronto no quedará nadie fuera de prisión que busque justicia.”

El gobierno ha suspendido la prueba de sinceridad

Ercan Kanar también se refirió al debate sobre el derecho a la esperanza, en un contexto donde incluso los presos enfermos y quienes cumplen cadena perpetua agravada han sido excluidos del nuevo paquete. Señaló que el Ministerio de Justicia ya ha dejado claro que dicho derecho no está en su agenda.

Kanar enfatizó que el derecho a la esperanza ha sido reconocido en muchos países desde la segunda mitad del siglo XVIII, y ofreció los siguientes ejemplos: “Por ejemplo, los tribunales constitucionales de Alemania e Italia se han referido al derecho a la esperanza en sus sentencias. Según una decisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa, incluso las penas más severas deben ser revisadas cada 8 a 14 años a la luz de este derecho. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establece que estas penas deben revisarse cada 25 años.

En países como Noruega, España, Portugal, Serbia y Bosnia y Herzegovina, no solo se abolieron las cadenas perpetuas agravadas, sino también las perpetuas simples, hace ya años. Portugal abolió la cadena perpetua agravada ya en el siglo XVIII.”

Kanar declaró que el paquete actual demuestra que el gobierno ha suspendido la prueba de sinceridad: “Este paquete fue preparado con una mentalidad carcelaria. Mientras hoy existen 395 cárceles, hay unas 75 más en construcción. Incluso quienes reciben penas leves por actos menores acabarán inevitablemente en prisión. Esto demuestra claramente que el gobierno no es sincero respecto a buscar una solución.

En resumen, el AKP no tiene como objetivo establecer la paz. Su objetivo es mantener su poder continuando con las políticas clásicas de represión.”