Narin Gezgör, lingüista y activista por los derechos de las mujeres, ha sido condenada a siete años y medio de prisión por un tribunal penal turco de la provincia de Amed (Diyarbakır) acusada de pertenecer a una "organización terrorista". La sentencia está relacionada con un proceso contra la asociación de mujeres Rosa, de la que Gezgör es co-fundador, que lleva más de tres años en curso. En el primer juicio, celebrado en noviembre de 2020, el tribunal la condenó a siete años y seis meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal de Casación anuló la sentencia debido a investigaciones incompletas y ordenó un nuevo juicio.

La Asociación de Mujeres Rosa lucha contra la violencia contra las mujeres y ha sido foco de represión durante años. La asociación se fundó como organización de la sociedad civil en Amed a finales de 2018. Su objetivo es apoyar a las mujeres afectadas por la violencia y hacer campaña por la justicia de género, la protección del medio ambiente y una cultura democrática de paz en la sociedad. Tras el cierre impuesto por el Estado de todas las instituciones municipales para mujeres tras el intento de golpe de 2016, ahora es la única en Amed a la que las mujeres pueden acudir en busca de asesoramiento y apoyo.

La primera ola de detenciones contra Rosa comenzó en mayo de 2020, y hasta junio de ese año diez mujeres habían sido arrestadas por "pertenencia a una organización terrorista armada". En aquel momento se dijo que la asociación se había fundado para reclutar miembros para una organización terrorista, es decir, el PKK, utilizando temas tan destacados como el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Entre las encarceladas se encontraba Narin Gezgör, que fue liberada tres meses después. En la segunda ola de represión, en abril de 2021, la policía irrumpió en la asociación y la registró. Desde entonces, varias activistas han sido condenadas a penas de prisión de distinta duración, entre ellas la periodista Nurcan Yalçın y la Madre de la Paz Hayriye Türkekul.

El procesamiento contra Gezgör se basó principalmente en el testimonio de un testigo de cargo que afirmó en el primer juicio que había conocido al activista en 2014 en el HDP (Partido Democrático de los Pueblos) en el distrito de Suruç de Urfa como una "militante del PKK". Los abogados de Gezgör, Elif Tirenç Ipek Ulaş y Semra Balyan, rechazaron las acusaciones y presentaron pruebas al tribunal que demuestran que la asociación de distrito del partido en la ciudad se fundó recién en 2015 y que su cliente se convirtió en miembro del HDP mucho más tarde, en 2018, en ese momento trabajaba como empleada del municipio. Se dice que el presunto testigo es un ex miembro del PKK que se benefició de la ley de arrepentimiento turca para evitar su propio castigo. Según los abogados de Gezgör, sus declaraciones no pueden utilizarse en absoluto según la legislación turca.

La fiscalía quería, entre otras cosas, que la pertenencia de Gezgör a Rosa, su participación en la asociación, las entrevistas que concedió sobre temas de mujeres y su participación en comunicados de prensa, mítines y funerales fueran castigados como "terrorismo". Los abogados acusaron a la fiscalía de calificar una asociación jurídica de "ilegal" y de intentar castigar a Narin Gezgör por su trabajo contra la violencia patriarcal. Los abogados exigieron la absolución de su cliente, que no asistió al juicio. El veredicto aún no es definitivo.

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