Desde hace meses, los familiares de Zeynab Jalalian no saben nada del estado de la presa política encarcelada en Irán desde hace más de 13 años como miembro del partido kurdo PJAK. Desde el mes de mayo, no hay información sobre su estado o paradero. Hace un año contrajo el virus Covid-19 y no recibió el tratamiento adecuado. En su última carta, Zeynab Jalalian había escrito: "Cuando una mujer se despierta y quiere ser libre, nada puede ponerla de rodillas".

En prisión desde 2008

Zeynab Jalalian, nacida en MakU en 1982, fue detenida en Kermanshah en el verano de 2008 y condenada a muerte en enero de 2009 ante un tribunal revolucionario de esa ciudad en relación con su supuesta pertenencia al "Partido por una Vida Libre en el Kurdistán" (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê - PJAK) por "enemistad con Dios" (moharebeh). Anteriormente había pasado ocho meses en prisión preventiva en un centro del Ministerio de Inteligencia y había sido torturada. No tuvo acceso a un abogado durante su juicio, que duró sólo unos minutos. La condena a muerte de Jalalian fue conmutada por cadena perpetua en noviembre de 2011. Actualmente es la única mujer presa en Irán a la que se le ha impuesto esta condena.

Enferma de Covid-19 durante el traslado

Hace un año, Jalalian fue trasladada desde Kermanshah a una prisión de Yazd. Esta ciudad del centro de Irán se encuentra a unos 1.400 kilómetros de donde viven sus familiares. Durante esta odisea, enfermó de Covid-19. Los médicos de la prisión admitieron a la dirección del centro de detención que no disponían de las instalaciones necesarias para tratar a Jalalian, que padece otras enfermedades. El Ministerio de Inteligencia iraní se negó a proporcionar atención médica fuera del centro penitenciario.

El régimen exige arrepentimiento y confesión

Además, Jalalian fue presionada por los interrogadores de los servicios de inteligencia para que hiciera una "confesión". La obligaron a expresar su "arrepentimiento" por sus actividades políticas pasadas y a aceptar cooperar con las autoridades. Sólo entonces se le concedería el tratamiento necesario. Pero también se le negaron otros derechos de los presos, como el contacto con un abogado o con sus familiares. De vez en cuando, se le permitía hablar con sus familiares por teléfono, pero la conversación, limitada a unos minutos, tenía que realizarse en persa.