El 15 de febrero de 1999 fue detenido Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y del movimiento independentista kurdo. Desde su detención en Kenia por parte de los servicios secretos turcos, ha estado sometido a un régimen de aislamiento continuo en la cárcel de İmralı, situada en una isla del Mar de Mármara.

En el momento de su detención Öcalan era el líder del movimiento por la liberación del Kurdistán, un movimiento que lucha por la autodeterminación de un pueblo sin territorio, repartido entre Turquía, Siria, Armenia, Iraq e Irán. El líder del PKK se ha convertido desde entonces en un icono regional, inspiración para la Revolución de Rojava, en el noroeste de Siria, una experiencia que ha conseguido combinar en medio de la guerra elementos feministas, ecologistas, anarquistas, municipalistas y de democracia directa.

El pasado diciembre, integrantes del colectivo de abogadas IACTA y del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (OSPDH), realizaron una visita a Turquía y a la región kurda de Bakur para conocer de primera mano la situación de Öcalan y de otros presos políticos kurdos. Las reuniones con grupos de derechos humanos, colectivos profesionales y asociaciones de la sociedad civil kurdas han servido para constatar la sistemática violación de los derechos humanos en las cárceles turcas así como la utilización de la tortura contra los presos kurdos.

La publicación del Informe Anual sobre el aislamiento y tortura en las cárceles públicas coincide con los 25 años de encarcelamiento de Öcalan y con un llamamiento internacional por su liberación. Este 16 de febrero, en la sede del Parlamento Europeo se realizará una conferencia sobre la situación del líder del PKK y los presos políticos en Turquía.

El informe revela, según sus autores, “las condiciones inhumanas del líder kurdo y otros presos en la cárcel de İmralı, incluyendo largos periodos de aislamiento, restricciones a las visitas familiares y de abogados, así como limitado acceso a comunicación externa”. A pesar de las denuncias y demandas internacionales, denuncian, Turquía ha ignorado las solicitudes de organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

Desde el IACTA y el OSPDH, acusan al Estado español y a la Unión Europea de “hacer la vista gorda” a los “desmanes” del presidente Recep Tayyip Erdoğan, que llegó al poder el mismo año en el que Öcalan entró en prisión. Según estas organizaciones, España y la UE “siguen financiado su política genocida debido a su situación territorial que les permite funcionar como barrera frente a la inmigración y como enclave territorial en el que tanto la OTAN como ejércitos nacionales tienen bases militares y que a la vez constituye un nodo crucial para el transporte energético entre Europa y Asia”.

Cómo viven los presos políticos

El líder del PKK fue condenado por Turquía en 1999 a cadena perpetua por delitos de “traición” y “separatismo”. Durante diez años, fue el único prisionero de la prisión de İmralı, enclavada en la isla del mismo nombre en el Mar de Mármara, una isla-prisión concebida en un principio para aislar y contener a un único prisionero. Actualmente, en esta cárcel están recluidos en régimen de aislamiento total otros cinco prisioneros políticos kurdos: Hamili Yildirim, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktas, Nasrullah Kuran y Çetin Arkas.

El régimen de aislamiento, relata el informe, se aplica “de forma sistemática” a los presos y presas políticas kurdas, un sistema que implica aislamiento total durante 23 horas al días y que puede prolongarse durante décadas. En ciertos casos, a algunos presos incluso se les impide interactuar con otros prisioneros durante la única hora que pueden permanecer fuera de su celda. 

En el caso de Öcalan han sido numerosas las sentencias de los tribunales turcos que han limitado las visitas, incluso de familiares o personal legal, aduciendo problemas de seguridad. El Comité de Prevención contra la Tortura de la ONU ha llevado a cabo nueve investigaciones sobre las vulneraciones a los derechos humanos de Öcalan en prisión y en todos los casos las recomendaciones emitidas para mejorar su situación han sido ignoradas por el Gobierno turco. 

Tras la última visita al centro, en 2022, el Comité optó por no publicar el informe realizado por la falta de autorización por parte del Gobierno turco para su publicación, una excusa que no se sostiene, según los abogados defensores de Öcalan.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya había fallado en 2003 contra el Estado turco por violar los derechos de Öcalan a un juicio justo y a comunicarse con abogados y familia. En 2014, el TEDH dictaminó que Turquía había violado el artículo 3 del Convenio Europeo de DD HH al haberle mantenido en confinamiento solitario hasta 2009.

Pero la situación de Öcalan y los otros presos políticos de İmralı no es un hecho excepcional sino que forma parte de “una estrategia planificada y generalizada: recluir a los presos y presas encarcelados por asociación con el movimiento de libertad kurdo en prisiones especialmente diseñadas para el aislamiento a largo plazo”.

El sistema judicial de Turquía, denuncian desde IACTA y OSPDH, se está utilizando “extrajudicialmente para la represión política del pueblo kurdo”. La excusa del terrorismo, dicen, se utiliza para “para monitorear y reprimir la voluntad política del pueblo kurdo, así como herramienta de limpieza étnica”.

FUENTE: El Salto Diario / Foto de portada: Mauricio Centurión