La asociación de derechos humanos (IHD) pidió que se investigara a fondo el ataque racista contra refugiados de Siria en el barrio de Altındağ, en Ankara. El miércoles por la noche, una multitud aparentemente organizada marchó por el barrio, habitado mayoritariamente por sirios, rompiendo ventanas, saqueando tiendas e incendiando coches. Al menos un niño resultó herido. La policía no intervino, sino que escoltó a la multitud. Las detenciones no se produjeron hasta que terminó el ataque.

Según la IHD: "Los atacantes atacaron casas con piedras, incendiaron coches, destruyeron escaparates y sacaron objetos a la calle y les prendieron fuego en barrios donde viven muchas personas procedentes de Siria. Varias personas que buscaban protección resultaron heridas en estos ataques y tuvieron que experimentar el horror de un pogromo. La noche de los ataques, las fuerzas de seguridad no tomaron las medidas necesarias para proteger a los refugiados. No se dispersó a la multitud y se permitió cualquier tipo de exceso bajo supervisión policial".

Misión en el lugar por parte de la IHD

Los miembros de la IHD se dirigieron a las zonas residenciales atacadas para hacerse una idea de la situación. "Se comprobó que una parte de los refugiados había sido evacuada, especialmente en las calles afectadas por los ataques. Otra parte se ha retirado a los apartamentos por miedo y está esperando. Hay un silencio tenso en las calles. Las tiendas y las casas han sido dañadas. Algunas de las tiendas dañadas están cubiertas con lonas, otras están muy dañadas. Hay una fuerte presencia policial en las calles".

La IHD dijo que el ataque en Altındağ debe relacionarse con la creciente hostilidad hacia los refugiados. "Los refugiados y los migrantes son personas que huyen de las guerras, la pobreza y los peligros que amenazan su vida y tienen que abandonar su lugar de residencia para sobrevivir. Se les explota en el trabajo y se les obliga a vivir en lugares con condiciones muy precarias. Se violan sus derechos, sufren violencia y pierden la vida. Los políticos están obligados a poner fin al discurso manipulador, racista y marginador y, como primer paso, a garantizar la seguridad de la vida de estas personas. Además, hay que garantizar unas condiciones de vida humanas y desarrollar una política migratoria humanitaria".

La Asociación de Derechos Humanos pidió que se realicen investigaciones judiciales y administrativas tanto contra los agresores como contra quienes, con su discurso de odio, son responsables de los disturbios racistas. Además, pidió medidas de protección, atención inmediata e indemnizaciones para los afectados.