Los abogados de Abdullah Öcalan, Raziye Öztürk, Rezan Sarıca y Cengiz Yürekli, solicitaron a la Fiscalía General de Bursa y a la Administración de la Prisión de la Isla de Imrali reunirse con su cliente en la prisión.

El 14 de marzo, se difundieron rumores en las redes sociales que afirmaban que Öcalan había muerto en prisión. Inmediatamente, se organizaron protestas en todo el mundo exigiendo una visita urgente de los abogados a Imrali.

El 25 de marzo, Öcalan pudo hablar con su hermano Mehmet Öcalan. La breve conversación ocurrió aproximadamente un año después de una llamada anterior, el 27 de abril de 2020, y es la primera vez desde entonces que Öcalan tuvo contacto real con alguien de afuera.

La conversación se llevó a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía General de Urfa y fue muy breve. La llamada se interrumpió muy pronto. Asimismo, la llamada telefónica de otro prisionero en Imrali, Hamili Yıldırım, con su familia también fue interrumpida abruptamente. Se informó que los otros dos prisioneros, Ömer Hayri Konar y Veysi Aktaş, no hicieron la llamada telefónica que se les ofreció para protestar por el aislamiento.

Hasta ahora, todas las solicitudes de visita han sido rechazadas o no han recibido respuesta.

La delegación de Imrali, que pudo mantener conversaciones con Öcalan en el marco de las negociaciones de paz, no puede visitar la isla prisión desde abril de 2015. Desde la última visita del equipo de abogados el 7 de agosto de 2019, las autoridades turcas no han respondido a ninguna de las continuas solicitudes de visitas.

Las autoridades turcas utilizan la "hoja de ruta para las negociaciones" presentada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2009 como justificación para la prohibición de las visitas del equipo de abogados de Abdullah Öcalan.

Por otro lado, la investigación iniciada en 2012 contra los abogados del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan, Rezan Sarıca, Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı y Mehmet Selim Okçuoğlu, fue retomada a principios de 2021.

Los abogados acudieron a la fiscalía y dieron declaración. Después de que se tomaron las mismas, la acusación preparada por la fiscalía fue aceptada por el 33º Tribunal Penal Superior de Estambul. Los abogados están acusados, entre otras cosas, de "pertenencia a una organización terrorista" y comparecen hoy en el tribunal de Estambul.

En la acusación, las reuniones de abogados con Öcalan se presentan como un elemento criminal, así como la negativa de los abogados a aceptar las acusaciones en su contra. Además, si bien el uso del derecho a permanecer en silencio por parte del abogado Cengiz Yürekli se mostró como un elemento delictivo, las llamadas telefónicas realizadas por los detenidos con sus familias debido a su profesión también se consideraron un delito.

El tema más interesante de la acusación es que declaraciones como "se está aplicando aislamiento a Öcalan" y "no se ha permitido que los abogados lo vean durante 300 días" fueron citados como elementos criminales. Se trataba de sentencias contenidas en declaraciones de los abogados a la prensa.