El gobierno del AKP-MHP, que ha implantado el estado de excepción por tiempo indefinido en Van desde hace años, impide a las instituciones legales y democráticas, como el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) o el Partido de las Regiones Democráticas (DBP), ejercer sus derechos como el de organizar actos, tribunas, ruedas de prensa, marchas o manifestaciones. Esta prohibición está a menos de un mes de alcanzar los 2.000 días.
Sin embargo, el gobierno permite especialmente a sus propios partidos, comunidades, fundaciones y asociaciones celebrar todo tipo de actividades.
Las congregaciones, fundaciones y asociaciones afines al gobierno de Erdogan se expanden por Van y sus provincias como una tela de araña. Hay decenas de organizaciones cercanas al gobierno, como por ejemplo IHH, Samarkand, Başak Der, Fundación Ensar, Fundación Arvasi, Fundación Humana, Umud-Der, Fundación de la Juventud de Anatolia, Comunidad por la Difusión de la Ciencia, Ciencia Islámica y Asociación de Solidaridad Irshad. Uno de los objetivos de estas asociaciones es encontrar partidarios para el AKP, el partido gobernante, y contribuir de este modo a la asimilación.
Estas asociaciones organizan con frecuencia eventos en el centro de la ciudad y en los barrios. La Gobernación de Van, las gobernaciones de distrito y las organizaciones provinciales del AKP, también participan en la organización de estos eventos y prestan apoyo financiero.
En particular, aseguran la participación en todos los festivales y eventos organizados por la Gobernación de Van y las gobernaciones de distrito. Además, la caseta del AKP, congregaciones, asociaciones y fundaciones cercanas al AKP participaron en el Festival del Pez Salmonete organizado conjuntamente por la Gobernación de Van y la Gobernación del Distrito de Erciş. Si bien los habitantes de Van no muestran interés en estos festivales organizados por la gobernación, las gobernaciones de distrito y el AKP, es básicamente obligatorio que los guardias de aldea, los soldados, los policías, los funcionarios y los trabajadores del Estado asistan con sus familias. Los que no participan en estas actividades son despedidos, multados o amenazados con el traslado.
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