Más de cincuenta colegios de abogados de Turquía han hecho un fuerte llamamiento contra la cantera de mármol que se está construyendo en el pueblo kurdo de Yurtbaşı en la provincia de Van. "La defensa de los hábitats no es un delito, la protección del medio ambiente es un derecho humano", dice la declaración conjunta de los presidentes de un total de 58 cámaras desde Estambul hasta Hakkari.

La gente de Yurtbaşı se ha resistido a los operadores de la cantera de mármol en su aldea, que se encuentra a ochenta kilómetros del distrito de Gürpınar, durante casi dos décadas. La historia de la cantera comenzó en 2003, y debido a la resistencia de los vecinos, la empresa DIMER dejó de extraer mármol en 2008. Durante doce años hubo silencio en la cantera hasta que se traspasó a la empresa SAFBAZ el año pasado. A mediados de la semana pasada, surgieron tensiones en Yurtbaşı entre los aldeanos y los militares que se habían trasladado, y los soldados utilizaron armas de fuego y gas lacrimógeno expirado. Cuatro personas fueron detenidas temporalmente.

"Las intervenciones con fines de lucro en la naturaleza y los hábitats de humanos y animales sobre la base de enfoques no científicos ponen en peligro la salud de todos nosotros, tienen efectos graves en todos los seres vivos e imponen una fuerte hipoteca a las generaciones futuras", afirman los presidentes de la cámara en su apelación.

El artículo 56 de la ley constitucional turca establece que "toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado. El desarrollo del medio ambiente, garantizar un medio ambiente sano y prevenir la contaminación son obligaciones del Estado y de los ciudadanos". La situación actual indica cosas mucho peores para el futuro, porque la conservación de la naturaleza ha sido efectivamente abolida.

Las escenas de Yurtbaşı durante el ataque del ejército turco "contra personas que simplemente ejercían su derecho fundamental a protestar" son descritas por las asociaciones de abogados como un "reflejo de un campo de batalla". Los disparos contra la multitud y el uso de granadas de gas lacrimógeno, que "a pesar de los indicios de que no se podrán usar después de la fecha", dieron lugar a una "multitud de violaciones de derechos" y violaron el derecho internacional, explicaron.

Los firmantes del llamamiento exigen a las autoridades responsables el cese inmediato e incondicional de la extracción de mármol en Yurtbaşı. "Exigimos lo mismo para todos los demás proyectos ambientalmente destructivos y que ponen en peligro la salud en el país. La política de lucro contra nuestra naturaleza, hábitats y seres vivos debe terminar. No se debe negar a los ciudadanos su derecho a manifestarse", detallaron. Los líderes de la cámara también exigen reparación por los daños causados ​​a la población de Yurtbaşı y una disculpa oficial.