El Tribunal de Apelación de París confirmó los cargos contra la cementera francesa Lafarge por "ayuda e instigación a crímenes de lesa humanidad". Lafarge "sigue acusado de estos cargos" y de poner en peligro la vida de otras personas "como parte de la continuación de la investigación judicial", dicta el documento. De esta manera, los investigadores rechazaron una solicitud de retirar los cargos contra la empresa.
El caso, que se abrió en 2017, trata sobre el llamado asunto de Siria. El fabricante de cemento francés, que se fusionó con el competidor suizo Holcim en 2015, operó una fábrica de cemento en Kobanê, en el norte de Siria, en los años anteriores. La planta en el pueblo de Çelebiyê (al-Jalabiyya), al sureste del cantón, continuó produciendo incluso cuando la guerra asolaba el país.
Para mantener las operaciones en marcha, la filial Lafarge Cement Siria firmó una serie de "acuerdos" con las milicias armadas. Al parecer, estos "acuerdos" incluían el pago de unos 13 millones de euros a intermediarios y grupos terroristas, entre ellos la milicia yihadista "Estado Islámico" (ISIS). Entre otras cosas, los pagos eran por pases para permitir que los trabajadores ingresaran a la fábrica. También se alega que Lafarge vendió cemento al ISIS a cambio de materias primas del grupo terrorista para operar su planta de producción. Se dice que la sede en París estaba al tanto de la peligrosa situación en las áreas controladas por el ISIS desde 2012. Sin embargo, Lafarge no se retiró de la región. Incluso se dice que la gerencia del grupo obligó a los empleados a presentarse a trabajar a pesar del peligro.
La empresa también está siendo investigada en Francia por ayudar e incitar a cometer crímenes contra la humanidad, financiar una organización terrorista, violar el embargo de la Unión Europea (UE) y poner en peligro la vida de ex empleados de la fábrica de Kobanê. El proceso se basa en una denuncia penal presentada en París en noviembre de 2016 por once exempleados de la planta de cemento del norte de Siria junto con las ONG ECCHR y Sherpa contra Lafarge y su filial Lafarge Cement Siria.
En relación con el cargo de "ayuda e instigación a crímenes de lesa humanidad", el Tribunal de Apelaciones de París retiró los cargos en 2019. Posteriormente, se apeló con éxito. En septiembre pasado, el Tribunal de Casación, como el tribunal supremo de Francia, ordenó que se volviera a examinar el cargo desestimado. Así, dictaminó que uno podía ser cómplice de delitos incluso si no quería serlo. El hecho de que el dinero se hubiera pagado para mantener las actividades comerciales no fue determinante.
Todavía no está claro cuándo comenzará el juicio contra Lafarge. La empresa matriz suiza Holcim anunció en un comunicado que tiene la intención de apelar la decisión ante el Tribunal de Casación. Aseguró que la conducta de la que se acusaba a Lafarge no estaba en consonancia con los valores del grupo y que los hechos se habían ocultado a la dirección cuando se hizo cargo en 2015. Si el caso llega a juicio, sería histórico: por primera vez , Lafarge sería juzgada como persona jurídica por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad, y no solo como personas físicas, como ha sido el caso en el pasado.