Diputados de diferentes partidos se reunieron en el Parlamento el martes 18 de junio, horas después de que Duque, que se encontraba en Londres en visita oficial, se dirigiera a la Comisión de Asuntos Exteriores.

El debate fue convocado por el parlamentario Jo Stevens, representante del Partido Laborista para Cardiff Central, quien participó en una delegación de Paz y  Justicia para Colombia en Colombia en agosto de 2018 y ha visitado el país en otras ocasiones. Advirtió que el elevado número de asesinatos de activistas sociales, así como de más de 130 ex guerrilleros de las FARC, habían dejado el proceso de paz en un estado "frágil".

También criticó a Duque por los intentos de su gobierno de reescribir unilateralmente el capítulo de justicia transicional del acuerdo, conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene como objetivo investigar las principales violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto y sancionar a los responsables. También cuestionó los motivos de la larga detención del negociador de paz y político de las FARC, Jesús Santrich, quien recientemente juró su cargo en el Congreso después de pasar 14 meses en prisión a pesar de la falta de pruebas.

Según Jo Stevens:

Desde las elecciones [de Duque], ha intentado sistemáticamente socavar el PEC, a pesar de que ha sido reconocido por la comunidad internacional y, lo que es más importante, por las víctimas del conflicto como una forma de proporcionar verdad, justicia y reconciliación a las víctimas de todas las partes y de poner fin a la impunidad que ha existido durante décadas. Ello ha dado lugar a un importante estancamiento del proceso, que amenaza la existencia misma del acuerdo de paz.

Jim Shannon, del conservador Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte, queuien visitó La Habana para asesorar sobre las conversaciones de paz en Colombia, expresó su preocupación por la presencia continua de paramilitares en Colombia y la incapacidad del gobierno para hacerles frente. Los grupos paramilitares piensan que están por encima yde la ley y que están cometiendo atrocidades. Tienen que rendir cuentas y poner fin a esta situación; si queremos que el proceso de paz siga adelante, tenemos que asegurarnos de que quienes tienen el poder hagan todo lo posible para poner fin a esta situación", dijo.

Con respecto a los asesinatos de activistas sociales, con más de 700 líderes comunitarios, sindicalistas y defensores de los derechos humanos asesinados desde principios de 2016, Patrick Grady, diputado del Partido Nacional Escocés, dijo que "Colombia es el peor país del mundo por el asesinato de defensores de los derechos humanos", así como el más peligroso para los sindicalistas. La falta de seguridad para los defensores de los derechos humanos, especialmente los que trabajan en las zonas rurales en la aplicación del acuerdo de paz y en los aspectos prácticos de la restitución de tierras, las cuestiones ambientales y la sustitución de cultivos, son increíblemente preocupantes", dijo.

La diputada del Partido Laborista Helen Goodman, que visitó Colombia a finales de mayo en la tercera delegación por  Paz y la Justicia, presentó una serie de recomendaciones para que el gobierno británico, que es el titular del acuerdo de paz, las implemente o apoye. Estos incluyeron el envío de observadores electorales para vigilar las elecciones locales a finales de este año; instar al Consejo de Seguridad de la ONU a reunirse con comunidades rurales y sindicalistas cuando visite Colombia en julio; extender el presupuesto y el mandato de la ONU más allá de octubre de este año, cuando está a punto de expirar; incluir estudios de caso sobre Colombia en próximas conferencias sobre periodismo y violencia sexual en conflicto; y presionar al gobierno de los Estados Unidos para que cumpla con sus obligaciones con el acuerdo de paz como miembro del Consejo de Seguridad.

El Ministro de Gobierno para Europa y las Américas, Alan Duncan, dijo que Reino Unido sigue comprometida con el proceso de paz colombiano y se congratuló de que la posición legal del PEC haya avanzado. Expresó su preocupación por la lenta reincorporación de los ex guerrilleros de las FARC y la continua violencia contra los activistas sociales. Los que defienden los derechos de las comunidades locales suelen ser objeto de ataques. La ONU informa de que al menos 115 defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios fueron asesinados el año pasado... Amnistía Internacional ha descrito a Colombia como el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos", ha dicho.