Dos años después de la firma del acuerdo de paz entre el estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos paramilitares continúan con su actividad violenta, asesinando no solo a exguerrilleros sino también a líderes campesinos, afrodescendientes e indígenas.

Los tres pilares del acuerdo de paz firmado en 2016, verdad, justicia y reparación, están siendo menoscabados por la impunidad paramilitar que se debe a la cooperación, bien documentada, de estos grupos con el estado, el capital nacional y el transnacional. Esta cooperación violenta continúa provocando desplazamientos y desposesión de la población, como también el asesinato de líderes de sociales y de defensores de los derechos humanos.

Indepaz, un grupo local de defensa de los derechos humanos, ha estimado el número de victimas mortales ocurridas entre noviembre de 2016 y mayo de 2018 en 385. Por su parte, el medio de comunicación TeleSur eleva la cifra a más de 400.

Las dos últimas victimas son Yon Fabir Gómez Samboni, que formaba parte del grupo de guardaespaldas de las FARC y el antiguo guerrillero Ricardo Guevara, asesinado cerca de la frontera con Ecuador.

Los detalles de los asesinatos permanecen sin esclarecer. Las FARC han emitido un comunicado condenando estos asesinatos y exigiendo una pronta respuesta para asegurar que los culpables de estos crímenes sean identificados y llevados ante la justicia.