Los radares de los grandes medios de comunicación apuntan, desde hace semanas, a Tel Aviv. Las masivas movilizaciones contra el gobierno del –otra vez— primer ministro Benjamín Netanyahu son reflejadas como un hecho de resistencia frente a las intenciones despóticas del premier y su gabinete, conformado por representantes de la ultraderecha política y religiosa del país.

En esas protestas se rechazan las intenciones de Netanyahu de concretar una reforma judicial que, entre otros fines, limita el accionar del Poder Judicial, en momentos en que el propio primer ministro transita por procesos en su contra por soborno, fraude y abuso de confianza.

Mientras las calles de Tel Aviv se mantienen hirviendo por las movilizaciones, poco se dice en esas marchas sobre la situación del pueblo palestino. Desde que asumió Netanyahu, las fuerzas militares israelíes reforzaron sus métodos represivos de persecución y asesinatos de palestinos y palestinas. Además, el gobierno redobló su política de ocupación ilegal y colonización de áreas de Cisjordania, al mismo tiempo que permitió que el ejército y los colonos israelíes atacaran a musulmanes y cristianos por igual.

Pero de lo que casi nadie habla es de la situación de los y las presas palestinas, que sobreviven entre torturas y un limbo legal sólo visto en países controlados por dictaduras. Como es sabido, desde la ocupación israelí del territorio palestino en 1967, más de un millón de pobladores fueron detenidos por las fuerzas hebreas, entre ellas más de 15.000 mujeres.

En la actualidad, se calcula que alrededor de 5.000 habitantes de Palestina se encuentran tras las rejas, incluidas 29 mujeres y 100 menores de edad. Del total, unos 1.000 no tienen cargos en su contra y tampoco transitan algún tipo de proceso judicial, según reportó la agencia de noticias Swiss Info. Las acusaciones contra los y las palestinas siempre están relacionadas a “terrorismo”, un término de una peligrosa amplitud que el Estado israelí utiliza de manera masiva y sistemática.

Entre quienes son víctimas de las “detenciones administrativas” se encuentran seis menores de edad y dos mujeres. Estas “detenciones” le permiten al Estado israelí mantener a los y las prisioneras por tiempo indeterminado sin acusaciones concretas, algo que, por supuesto, viola la legislación internacional vigente. En la legislación israelí se prevé que bajo esta figura las personas puedan ser detenidas durante seis meses sin presentar cargos en su contra, aunque los tiempos se pueden prorrogar, algo que sucede con frecuencia. La agencia de noticias AFP indicó que esta figura legal, en casi todos los casos, recae sobre “palestinos detenidos bajo ley marcial”, ya que la detención administrativa “muy rara vez se aplica a los judíos. En la actualidad hay cuatro judíos israelíes presos sin cargos”.

Semanas atrás, el Ministerio de Detenidos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) señaló en un comunicado que la cifra actual de 5.000 prisioneros y prisioneras “representa un leve aumento respecto al cierre del año anterior y marca una continuidad en comparación con los últimos años, tras registrarse un pico de 7.000 detenidos a finales de 2016”.

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como la Asociación Addameer para el Apoyo a los Prisioneros y los Derechos Humanos, y el Centro de Información Wadi Hilweh, alertaron que unas 400 personas se encuentran encarceladas desde hace más de 20 años, y 554 están cumpliendo múltiples cadenas perpetuas. Las ONG’S revelaron que 11 palestinos liberados en un intercambio de prisioneros en 2011, fueron arrestados nuevamente en 2014 con sus sentencias restablecidas. Nael Barghouti, uno de ellos, es el prisionero que más tiempo ha pasado tras las rejas, con un total de 43 años, 34 de ellos consecutivos.

A su vez, la agencia de noticias Wafa denunció que 700 prisioneros están enfermos, de los cuales 24 padecen varios grados de cáncer. El medio palestino recordó el caso de Walid Daqqa, de 61 años y encarcelado hace 38 años. “A pesar de padecer mielofibrosis, una forma rara de cáncer de médula ósea, las autoridades israelíes rechazan liberarlo”, informaron desde Wafa. Luego de varios meses en condiciones inestables por una neumonía grave, a Daqqa le extirparon parte del pulmón derecho tras haber sufrido un derrame cerebral en febrero de este año. Como si esto fuera poco, el Estado israelí mantiene retenidos los cuerpos de 12 palestinos que murieron en prisión, uno de ellos recluido desde 1980.

Si elegimos un año al azar y ahondamos sobre la situación de los y las presas palestinas en cárceles israelíes, las diferencias o matices no se encuentran. Por ejemplo, en febrero de 2016 las ONG’S israelíes Hamoked y Betselem presentaron un informe en el que denunciaron los abusos y torturas sistemáticas a las que son sometidos quienes están encarcelados. En el caso puntual del informe, las ONG’S apuntaron como responsable al servicio de inteligencia interno israelí en la cárcel de Shikma, en el suroeste del país.

Noga Kadman, una de las autoras de la investigación, declaró que en esa prisión se utilizaban técnicas destinadas a “romper los cuerpos y mentes de los detenidos”. Para elaborar el informe, se recogieron los testimonios de 116 palestinos –tres de ellos menores—encarcelados entre 2013 y 2014, e interrogados por la Agencia de Seguridad de Israel, el servicio de Inteligencia interior, conocido como Shabak o Shin Bet.

Kadman agregó: “Las celdas son estrechas, sin ventanas, ni iluminación ni ventilación natural. Hay luz eléctrica encendida veinticuatro horas, un colchón en el suelo y un retrete que es un agujero. Los presos las describen como sucias, polvorientas, húmedas, sin ventilación, asquerosas y muy frías y afirman que les dan abrigo insuficiente y acceso limitado a duchas, ropa y toallas limpias”.

Según la investigación de 2016, la mayoría de los y las presas permanecen en confinamiento solitario, además de que muchos no tienen acceso a un abogado durante semanas o meses. Kadman reveló que los encarcelados “permanecen atados, a veces de pies y manos, sentados en sillas diseñadas para provocar incomodidad y dolor (como una con cinco patas, la quinta en el centro y más larga que las demás para causar inestabilidad constante), sufren amenazas hacia ellos y sus familiares, gritos en el oído, escupitajos, comentarios vulgares y sexuales”.

Si esta descripción del sistema penitenciario de la “única democracia” en Medio Oriente se relatara en nuestros días, no sería muy diferente.

El 1 de marzo pasado sonó una nueva alarma en Palestina. El gobierno de Netanyahu dio un paso más para imponer un proyecto de ley que permitiría aplicar la pena de muerte a palestinos que cometan ataques contra judíos israelíes. El Ejecutivo logró un primer aval en un pleno del Parlamento, con 55 votos a favor y nueve en contra. La iniciativa es impulsada por la fuerza de ultraderecha Poder Judío –que integra la coalición de gobierno— y tiene como justificación castigar con la muerte a aquellos que maten a ciudadanos israelíes “por motivo racista o de hostilidad”, y con la intención de “causar daños al Estado de Israel” y al “pueblo judío”. Por su puesto, esta ley –si es aprobada— no se aplicará a israelíes judíos que asesinen a sangre fría a un poblador palestino.

La ONG Adalah, que representa a la minoría palestina con ciudadanía israelí, calificó el proyecto de “inmoral”. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, manifestó su “firme oposición” a la iniciativa, a la que apuntó como una “práctica cruel” que ya demostró “su inefectividad como elemento disuasorio”. Amnistía Internacional (AI) la describió como “un intento de crear una distinción con una base nacionalista-étnico-política” y una “ley de apartheid”. Expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también manifestaron su “grave preocupación” y calificaron la propuesta como “un paso profundamente regresivo”, especialmente cuando “a primera vista, el castigo se aplicará contra las minorías que viven dentro del Estado o aquellos que viven bajo los 55 años de ocupación y gobierno militar”.

Por ahora, el futuro de esta propuesta oficial es incierto y su concreción real podría quedar otra vez truncada (ya que fue impulsada en otras ocasiones). Lo concreto y real es que muchos y muchas palestinas que sobreviven tras las rejas sufren una condena a muerte en vida. Una condena aplicada por un Estado que saborea, todos los días, la impunidad que le permiten sus socios occidentales.

Fuente: Leandro Albani para Revista Zoom