En una declaración escrita, el HDP dijo: "Nuestra Comisión de Derecho y Derechos Humanos, así como los abogados de nuestro partido, presentaron una querella criminal contra funcionarios públicos y no públicos que cometieron personalmente y/o participaron en los ataques de linchamiento y tortura que se desarrollaron como resultado de la percepción creada por el gobierno mientras la sociedad turca intentaba curar las heridas del terremoto".

En la denuncia penal se pedían diligencias por "delito de tortura y acoso", "abuso de funciones", "lesiones intencionadas", "homicidio deliberado", "injurias" y "privación de libertad".

La querella criminal señala la violación de la legislación nacional e internacional y decía: "En las imágenes publicadas en las redes sociales, personas que presuntamente son agentes del orden torturan a algunos civiles a los que acusan de haber cometido delitos como robos o saqueos. Vemos que se alaba y se instiga la tortura".