El sábado pasado, el nuevo presidente de México, Antonio Manuel López Obrador, juró con una emotiva ceremonia ante el Congreso.  

La ceremonia oficial fue seguida por una manifestación masiva en la plaza central Zocalo, en la capital mexicana.

"Abrazado" por una amplia mayoría parlamentaria que le otorgó el puesto en las urnas hace seis meses, el nuevo presidente del enorme país latinoamericano inauguró su presidencia con un discurso claro, lleno de compromisos personales y colectivos.

Hablando sin un discurso escrito, solo unas pocas notas, López Obrador pronunció una charla que duró más de una hora y media, siendo maduro y coherente.

El nuevo presidente consideró las prácticas "neoliberales", la impunidad y la corrupción utilizadas como guías gubernamentales por gobiernos anteriores, y prometió comenzar una nueva fase guiada por figuras históricas reformistas y transformadoras, como Benito Juárez, Madero y General Lázado Cárdenas. Los tres representantes de un arraigado nacionalismo de clase media.

López Obrador dejó muy claro que respondería única y sólidamente a las personas que lo eligieron y no a las élites oligárquicas que han dominado el país durante décadas y que tradicionalmente han sido sumisas a los intereses extranjeros.

Al cuestionar la reciente firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, el nuevo presidente hizo pública su propuesta de un proyecto conjunto, con sus vecinos [Estados Unidos y Canadá], para promover el desarrollo económico y social no solo de México. pero también de América Central y el Caribe como la única manera razonable de detener el flujo migratorio actual de norte a sur que enfrentan estos países.

La lucha contra la corrupción fue otro de los ejes principales de su discurso, una lucha sin cuartel y sin exclusiones, que incluiría, dijo, a sus personas más cercanas o incluso a él mismo.

La persecución de una justicia efectiva fue otra de las pautas que surgieron de sus palabras, con referencias explícitas a los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos en Ayotzinapa por agentes de la policía, un delito pendiente de justicia, de plena responsabilidad por parte de las autoridades del Estado.

Mientras el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, claramente incómodo, miró el techo del parlamento, el nuevo presidente también dijo que consideraba terminada la fase económica y política neoliberal que el país había estado viviendo, mientras ratificaba las principales promesas de su campaña electoral. . También anticipó que la mal llamada "reforma educativa", no tendría lugar.

El nuevo presidente también prometió no presentarse a la reelección, un compromiso que lo llevó a decir que su programa de reforma "será rápido, muy rápido", por lo que será difícil para cualquier gobierno subsiguiente revertirlo.

Prometió acudir a consultas populares constantes para dar legitimidad a las principales medidas adoptadas por su presidencia. Y prometió un referéndum a medio plazo, para aprobar o rechazar su gestión del país.