Con una ceremonia pública, pero también muy privada e íntima, el recién nombrado Presidente de México, Antonio Manuel López Obrador, anunció su primer decreto presidencial público.

Lo realizó en presencia de los familiares de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos-asesinados en Ayotzinapa en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

El decreto consistía en establecer una comisión especial y multilateral de investigación, verdad y responsabilidad sobre ese horrible crimen en el que el Estado ha estado eludiendo responsabilidades y negando su evidente implicación.

Más allá de lo simbólico, López Obrador dejó claro que el Poder Ejecutivo no interferirá de ninguna manera en los resultados finales, y que asumirá la decisión tomada por la comisión, la cual estará conformada no sólo por las autoridades policiales y militares, sino también por los familiares de los estudiantes desaparecidos y expertos e investigadores acreditados, tanto mexicanos como extranjeros, así como por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Los padres, hablando en nombre de los familiares presentes en el evento, sólo pidieron al Presidente, con palabras emotivas, que estableciera la verdad y las responsabilidades y que devolviera los restos de sus hijos arrojados en un "basurero" donde fueron asesinados a tiros.

Ya hay un gran grupo de personas acusadas directamente del secuestro y asesinato brutal de los jóvenes estudiantes: la policía local y federal, las entonces autoridades locales, mientras que hay indicios muy serios de la participación de personal del Ejército en los hechos y su encubrimiento.

Todos ellos están relacionados con el narcotráfico y las mafias regionales. El mensaje del nuevo Presidente ha sido muy claro y se dirige especialmente al narco y sus relaciones íntimas y extendidas con los políticos regionales y sus ramificaciones en las fuerzas policiales y militares, es decir, con el propio Estado.